AGENCIA
Nacional.- Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un ultimátum a empresas farmacéuticas por supuestos retrasos en la entrega de medicamentos, las firmas mexicanas alertan que el problema real es la falta de pago por parte del gobierno federal, que acumula adeudos por al menos 14 mil millones de pesos.
El pasado 23 de septiembre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, exhibió a 32 empresas proveedoras que habrían incumplido en la entrega de medicamentos e insumos, algunas hasta en un 100%. Sheinbaum advirtió que quienes no cumplieran serían inhabilitadas y podrían enfrentar denuncias penales.
Sin embargo, representantes de asociaciones farmacéuticas, como Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), aseguraron que los laboratorios sí están cumpliendo con la entrega de medicamentos, pero el gobierno sigue sin saldar los adeudos acumulados desde 2021. “El tema de pagos, cero. No ha habido ninguna señal de avance”, afirmó.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), coincidió en que, aunque se prometieron pagos, las empresas aún desconocen cómo y cuándo se cubrirán. Además, señaló que muchas de las compañías exhibidas por retrasos en las entregas no son farmacéuticas, lo que genera confusión sobre la efectividad de la supervisión gubernamental.
El caso evidencia una doble falla en la política de salud: mientras se presiona a las empresas con sanciones y amenazas, el gobierno mantiene adeudos millonarios que ponen en riesgo la continuidad del suministro de medicamentos. Las farmacéuticas insisten en que seguirán entregando productos, pero advierten que la falta de claridad sobre los pagos compromete la confianza y la operación de los laboratorios.
El problema, según los propios empresarios, refleja la ineficiencia administrativa en el manejo de recursos y la falta de coordinación entre las instituciones de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Hacienda, lo que mantiene a las farmacéuticas en un limbo financiero mientras cumplen con sus obligaciones contractuales.
Esta situación plantea cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia del gobierno para garantizar el abasto de medicamentos y su responsabilidad en el pago puntual a los proveedores, poniendo en evidencia que las amenazas de sanción no sustituyen la solvencia administrativa ni la claridad financiera.
En otras palabras: “Si ya saben que somos malapaga, ¿para qué participan?” “Aprendan a los proveedores de Pemex”. ¡Cinismo puro y duro!
Una dependencia puede estipular en sus bases de licitación, que dentro de los dos primeros meses se tiene que financiar la empresa que gane. A partir de ahí no es imputable para el contratista la demora en la entrega, debido al incumplimiento en pagos por parte de la dependencia.
Imagínense usar este argumento con CFE: ‘No he pagado pero no me debes cortar la luz, porque si no, entonces para qué me diste contrato’.
