AGENCIA
CDMX.- Pese a ser oficiales en activo de la Secretaría de Marina, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, amasaron una fortuna que, según la Fiscalía General de la República (FGR), no corresponde con sus ingresos como servidores públicos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador realizaron operaciones financieras por más de un millón de dólares y movimientos bancarios que hoy los colocan bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con el huachicol fiscal.
Una fortuna imposible de justificar
De acuerdo con la causa penal 325/2025, la FGR documentó que entre 2020 y 2024 el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna percibió poco más de 12 millones de pesos por concepto de sueldo, es decir, unos 3 millones anuales. Sin embargo, durante ese mismo periodo realizó operaciones y compras millonarias sin justificación aparente.
En 2019 adquirió una vivienda valuada en 5 millones 136 mil pesos, operación que pagó parcialmente en efectivo y cuyo título fue puesto a nombre de su esposa, Lucía León Molina. La transacción, según la FGR, levantó alertas por la posible simulación de operaciones y el origen incierto de los recursos.
Un año después, el militar vendió otro inmueble por 4.5 millones de pesos, operación que también presentó irregularidades: El notario que la validó estaba en Guanajuato, aunque la propiedad se encontraba en la Ciudad de México.
Los informes financieros de la FGR revelan además depósitos por más de un millón de dólares y pagos a la aseguradora Mapfre Tepeyac equivalentes a más de 7 millones de pesos, además de transferencias y cheques por montos superiores a los ingresos que reporta como servidor público.
Entre las operaciones detectadas se incluye la compra de vehículos de lujo, pagos de seguros en UDIS y transferencias hacia empresas señaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La sombra de la corrupción en las aduanas
La investigación federal señala que tanto Manuel Roberto como su hermano Fernando habrían tenido injerencia en el control de designaciones y cambios de funcionarios en las aduanas de Tampico y Altamira, Tamaulipas, puntos clave en el traslado de combustible.
De acuerdo con los reportes, los Farías Laguna presuntamente facilitaron el paso de millones de litros de hidrocarburos mediante buques sin declarar impuestos, a cambio de sobornos a funcionarios y empresarios involucrados en el esquema del llamado huachicol fiscal.
El hermano prófugo y las operaciones simuladas
El contraalmirante Fernando Farías Laguna, también empleado de la Secretaría de Marina, aseguró tener actividades empresariales registradas, aunque la FGR determinó que no ha emitido facturas por esos conceptos. Entre 2020 y 2024 recibió poco más de 1.7 millones de pesos de nómina, pero sus gastos superaron los 17 millones de pesos.
En 2019 compró un terreno por 175 mil pesos y para 2023 adquirió un vehículo de casi 1.9 millones. También realizó pagos en efectivo y emitió un cheque de 2.2 millones de pesos a favor de María Eugenia Farías Gutiérrez, presunta familiar, en una operación que coincide con la compraventa de un inmueble realizada por su hermano un año antes, lo que sugiere una transacción simulada.
Además, aportó más de 11 millones de pesos a su póliza de vida en Grupo Nacional Provincial (GNP), pese a no contar con ingresos que sustenten esa capacidad económica.
“La riqueza que mantiene el contraalmirante no tiene origen verificable; sus gastos superan ampliamente sus percepciones como asalariado”, concluye el dictamen de la FGR.
Procesos y fugas
Manuel Roberto Farías Laguna actualmente se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que su hermano Fernando permanece prófugo de la justicia.
La FGR los considera parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas involucradas en delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, red que operó desde las aduanas del Golfo de México bajo la cobertura institucional de altos mandos navales.
El caso de los Farías Laguna vuelve a colocar bajo la lupa la estructura de poder dentro de la Secretaría de Marina, una dependencia que, pese a su papel central en el combate al huachicol, enfrenta señalamientos por corrupción interna y protección a redes criminales con acceso directo a los puertos del país.
