De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Vecinos de las colonias San Román y Córdoba 2000 acudieron a las oficinas de Hidrosistema para exigir una explicación por los recibos exorbitantes que recibieron, con incrementos de hasta 500 %.
La respuesta del organismo fue una solución a medias y una “justificación” que raya en lo ilegal: alegaron que el cobro adicional se basa en el Artículo 69 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, el cual exige que los medidores estén en lugar visible y accesible. Sin embargo, una revisión exhaustiva de dicha disposición legal confirma que en ninguna parte se establecen sanciones, multas o cobros extraordinarios por incumplimiento. Hidrosistema, en un acto de arbitrariedad, está inventando cargos sin sustento legal.
Durante la reunión, los afectados relataron cómo el personal de la paramunicipal los atendió en grupos reducidos, impidiendo una protesta unificada. “Nos explicó la encargada que esto es porque nosotros no tenemos el medidor afuera de la casa”, comentó uno de los residentes. Sin embargo, los vecinos enfatizaron que jamás recibieron una notificación formal al respecto. “Ellos insisten en que lo hicieron por todos los medios… yo como le dije, bueno, no escucho radio, no veo la televisión, entonces es mentira porque a mí no me llegó ninguna notificación”. Esta falta de comunicación oficial deja en evidencia la opacidad del procedimiento.
La llamada “solución” ofrecida por Hidrosistema profundiza el abuso: condicionaron el ajuste futuro al pazo del recibo inflado actual. “Ahora lo que nos dicen es que ellos se comprometen a que, nosotros pagando este recibo, se van a hacer cargo de sacar el medidor”. Esto significa que los ciudadanos están siendo forzados a pagar un cargo ilegítimo para acceder a una corrección que es obligación de la paramunicipal. Peor aún, aprovecharon para reclasificar las viviendas, reduciendo su dotación mensual de agua de 30 a 20 metros cúbicos y anunciando futuros cobros por exceso de consumo, una medida que castiga doblemente a la población.
Ante esta situación de abuso institucional y la aplicación caprichosa de una norma que no prevé sanciones económicas, un grupo de vecinos ha anunciado que llevará el caso a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a las autoridades que sí puedan resolverlo.
