De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Nuevamente, elementos de la Policía Vial fueron señalados por actos de corrupción durante el arrastre de un vehículo mal estacionado en el centro de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de vecinos y fotografías que circulan entre los colonos, el conductor de la grúa habría aceptado un “acuerdo económico” para liberar la unidad y evitar el traslado al corralón.
El incidente ocurrió cuando los oficiales procedían al retiro del automóvil; sin embargo, tras una negociación con el propietario, la unidad fue descargada dos cuadras más adelante, sobre la calle Norte 2 entre Oriente 13 y 15.
“Ese coche estaba mal estacionado, ya se lo llevaban y lo bajó dos cuadras más adelante”, relataron los habitantes, quienes denunciaron que estas prácticas son frecuentes y generan molestia entre la ciudadanía, al percibir que las sanciones dependen del “arreglo” con los agentes.
Desde un punto de vista jurídico, este tipo de conductas podrían constituir cohecho, delito previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal, que sanciona a los servidores públicos que soliciten o reciban beneficios para omitir actos de su competencia.
Además, el hecho vulnera el principio de legalidad y equidad administrativa establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se prohíbe cualquier trato preferencial o discriminatorio en la aplicación de sanciones.
Especialistas en derecho administrativo consultados señalan que, de comprobarse el hecho con los elementos adecuados -testimonios, registro visual y denuncia formal-, podría derivar en una investigación interna por parte de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado e incluso en la suspensión o destitución del elemento involucrado.
Los vecinos exhortaron a las autoridades a actuar con transparencia y no “correr” a los oficiales que sí trabajan, sino a sancionar a quienes deshonran el uniforme con actos de corrupción o favoritismo.
