


AGENCIA
Querétaro, Qro.- La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, del partido Morena, interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por presunta violencia política de género en contra del periodista Oscar Alberto Alcázar Zaragoza y del ciudadano David Iván Fabela Mendoza, tras una entrevista difundida en la página de Facebook del medio “Voz y Testimonio”.
Ortega Vázquez solicitó medidas cautelares, entre ellas la censura de la entrevista y una disculpa pública que durara 27 minutos, el tiempo durante el que se refirieron a ella en la transmisión. Según la presidenta, la información publicada y los comentarios vertidos por los denunciados provocaron un daño a su reputación y dignidad, basándose en supuestos ataques relacionados con su género.
El IEEQ, a través de su Dirección Ejecutiva, negó otorgarle las medidas cautelares, argumentando que no se presentaron elementos suficientes para acreditar violencia política de género. La instancia señaló que las expresiones del periodista y del entrevistado no parecían dirigidas a Ortega Vázquez exclusivamente por ser mujer, ni afectaron de manera desproporcionada su ejercicio político.
La denuncia surge después de que el medio cuestionara a la alcaldesa por discrepancias en su grado escolar, tema por el que la funcionaria reconoció públicamente que no contaba con titulación. Ortega Vázquez ha afirmado que los ataques de los medios responden a intereses económicos y ha defendido su derecho a contrarrestar la información en redes sociales y mediante su equipo de comunicación.
En respuesta al rechazo de las medidas cautelares, la alcaldesa interpuso un recurso de apelación, calificando de parcial y arbitraria la decisión del IEEQ. La presidenta ha sostenido que su actuación busca proteger sus derechos como mujer en la política y criticó que los medios actúen con interés en desacreditar su gestión.
El caso ha generado debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los medios, el derecho a la crítica política y la protección de las mujeres en cargos públicos ante posibles actos de violencia política de género.
Llegó Morena y todo se torno un muladar, de hidrofóbicos a ricos, del no trabajar a ser ganaderos y ahora los políticos aplican “ley mordaza” para que nadie se atreva a exponer la hipocresía de Morena y sus ramificaciones. Han de creer que están en Venezuela, cuba o Nicaragua.
La “violencia política de género” debe eliminarse de la legislación, sólo está sirviendo como argumento procesal para que las corruptas que se dedican a la política se venguen de quienes las exhiben.
Mientras sean servidores públicos estarán bajo la lupa y se les criticará cuando no realicen bien su trabajo. Sean hombres o mujeres, eso no los exime de su responsabilidades.

