AGENCIA
Celaya.- Una nueva polémica sacude al centro histórico de Celaya, Guanajuato, donde el gobierno municipal comenzó a multar y retirar a botargueros, estatuas vivientes y personas disfrazadas que cobran por fotos, bajo el argumento de que no cuentan con permisos y de que su actividad afecta a comerciantes y transeúntes.
El director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, justificó las medidas señalando que estas personas cobran 50 pesos por foto y que la Policía Municipal tiene facultades para retirarlos de la vía pública, conforme al Reglamento de Justicia Cívica. Además, indicó que la multa es de 478 pesos y que la decisión responde a quejas de habitantes, comerciantes y turistas.
Sin embargo, las excusas del gobierno local han generado críticas por la aparente contradicción entre “regular” y “quitar de la calle medios de vida legítimos”. Los ciudadanos han cuestionado que, mientras se argumenta la protección del orden, el municipio propone únicamente un pago para obtener permiso, lo que en la práctica sigue limitando la libertad de trabajar.
El alcalde Juan Miguel Ramírez defendió la medida asegurando que buscan “poner orden” y ofrecer espacios y horarios determinados para los botargueros, pero no explicó cómo se garantiza que los espacios asignados realmente permitan generar ingresos suficientes, ni cómo se compatibiliza esto con la temporada de la Feria del Alfeñique, donde estas actividades representan una tradición cultural y una fuente de sustento para varias familias.
Recientemente, la administración también reubicó a sonideros, artistas y músicos urbanos en el Jardín Principal, defendiendo que la medida benefició tanto a la ciudadanía como a los artistas. Sin embargo, críticos señalan que esta lógica parece selectiva: Mientras se celebra la reubicación de algunos, se sanciona y limita a otros, lo que evidencia una falta de criterios claros y de políticas coherentes que respeten la economía informal y las expresiones culturales populares en el centro histórico de Celaya.
La polémica deja en evidencia un dilema recurrente en el municipio: La defensa del orden público se utiliza como pretexto para imponer restricciones que afectan la tradición y el sustento de quienes han trabajado durante años en las calles de la ciudad.
