Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se convirtió en cómplice directo del desorden urbano, la corrupción municipal y el uso político del patrimonio histórico en Orizaba. Lejos de cumplir con su función de proteger los monumentos y la memoria arquitectónica, el organismo avala sin sustento técnico ni social los caprichos estéticos del alcalde Juan Manuel Diez Francos, disfrazados de “embellecimiento”. La supervisora del INAH en la zona centro del estado, Irma Becerril Martínez, se prestó al juego político del ayuntamiento al defender con argumentos absurdos y sin respaldo legal la obra de la bóveda de cañón corrido con linternilla de cristal, conformada por 15 ejes y con un mal gasto de 8 millones 400 mil pesos.
“No pasa nada, está dada la autorización”, respondió la funcionaria ante los señalamientos sobre la violación al decreto federal de protección del Centro Histórico, un documento que prohíbe cualquier alteración estructural o visual de los inmuebles patrimoniales.
Becerril Martínez aseguró que el proyecto “está autorizado por el INAH” y lo justificó como una “obra única del siglo XXI”, pese a que su ejecución rompe con la armonía arquitectónica y vulnera los valores históricos del corazón de la ciudad.
La corrupción institucional quedó aún más clara cuando fue cuestionada sobre las dos estatuas ajenas al estilo del Palacio de Hierro, edificio que ya rebasa el siglo de antigüedad y está catalogado como patrimonio cultural. Con evidente molestia, la funcionaria minimizó el tema al decir que “hay cosas perecederas” y que “si a alguien no le gusta, se retira”.
La corrupción dentro del organismo federal ya no se oculta: se ejecuta a plena luz del día, con la firma y el sello de la autoridad encargada de proteger lo que hoy permite destruir.
