De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.– El ayuntamiento de Orizaba, encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos, vuelve a estar en el centro de la polémica por el uso indebido de recursos públicos. Esta vez, por trasladar ayuda en camiones de carga pesada pertenecientes a sus propias agencias “Diez”.
El hecho no sería cuestionable si no fuera porque el propio alcalde reconoció que perdió dos de sus agencias durante las contingencias, lo que genera dudas sobre si la ayuda tuvo un carácter institucional o sirvió también para favorecer intereses personales y empresariales.
Según información oficial, el ayuntamiento envió despensas y convocó a la ciudadanía a sumarse a la colecta en módulos instalados por el municipio. Sin embargo, se negó el permiso a asociaciones civiles que intentaron organizar acopios independientes, lo que fue interpretado como una estrategia para centralizar el control político y mediático de la ayuda.
Además, usaron vehículos privados del alcalde en los traslados lo que implicó el uso de bienes privados en operaciones con dinero público, sin transparencia sobre los contratos, convenios o costos.
Ciudadanos denunciaron que cada unidad habría implicado gastos de alrededor de 6 mil pesos en casetas y combustible, y aparte el pago de salarios de los choferes, el cual también habría sido cubierto con recursos municipales.
De confirmarse que se utilizaron recursos públicos con fines privados o en beneficio de otro municipio sin justificación formal, se estarían violando los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, honradez, y en beneficio exclusivo de la población del municipio que los aporta, y el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Veracruz, que prohíbe a los servidores públicos usar bienes o recursos gubernamentales para fines distintos a los que están destinados.
Estos actos se consideran como uso indebido de los recursos públicos y conflicto de interés, sancionables administrativa o incluso penalmente.
