De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Una vez más, la ciudadanía de Córdoba se ve obligada a enfrentarse a una maquinaria institucional que opera al margen de la ley. Hidrosistema, el organismo paramunicipal encargado del agua, ha perfeccionado un método de delincuencia institucional al imponer cobros arbitrarios y crear requisitos burocráticos sin sustento legal.
Esta mañana, vecinos de diversas colonias acudieron a las oficinas para pagar, pero sobre todo para aclarar y protestar por recibos exorbitantes que incrementan sus pagos hasta en un 500 por ciento, bajo la justificación de tener el medidor dentro de sus domicilios.
El argumento esgrimido por la dependencia se basa en el Artículo 69 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, que exige medidores en lugar visible y accesible. Sin embargo, una lectura minuciosa de dicha ley revela la magnitud del engaño: en ninguna parte de la normativa se establecen sanciones económicas, multas o cobros retroactivos por el incumplimiento de esta disposición. Hidrosistema, actuando como juez y parte, inventa cargos que la ley no contempla, forzando a los usuarios a pagar por una falta que, en la mayoría de los casos, fue originada por la propia instalación histórica del medidor por parte del organismo.
Pero la arbitrariedad no termina ahí. El testimonio de una usuaria, Lupe Ibáñez, destapa otra capa de este abuso sistemático. Para poder siquiera realizar un contrato con Hidrosistema, se le exige como requisito la presentación de una cédula catastral, un trámite que debe realizarse en el ayuntamiento. Esta exigencia carece de todo fundamento, ya que la Ley 21 de Aguas de Veracruz no menciona en absoluto este trámite burocrático como condición para acceder al servicio. Es una traba inventada, un obstáculo más que convierte un derecho en un suplicio.
La situación se agrava al conocer los plazos de esta exigencia ilegítima. Mientras que el ayuntamiento promete la cédula en 15 días, la realidad es que el trámite puede extenderse por más de 45 días, dejando a las personas en un limbo administrativo donde se les niega el servicio esencial de agua potable hasta que no cubran este requisito espurio. Esto evidencia una coordinación perversa entre instituciones para obstaculizar y monetizar el acceso a un derecho humano.
