Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- Al cierre del tercer trimestre del 2025, y casi al final de la administración de Juan Martínez Flores, el área Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba registró un inusual y revelador ritmo de actividad. De acuerdo con el informe de viáticos oficial, entre julio y septiembre de 2025, los abogados adscritos a la Coordinación de Jurídico realizaron al menos 35 viajes de trabajo, prácticamente todos con destino a Xalapa, sede del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Este constante desplazamiento de los servidores públicos -encabezados por abogados como Aldo Brambila Chagollan, Luis Alfonso Hernández, Alejandro Caiceros Ortiz y Jorge Neme Roque- tuvo un costo directo para la hacienda municipal. Tan solo en viáticos nacionales, el erario público ejerció más de 27,000 pesos para cubrir estos traslados, monto que se desprende de los comprobantes oficiales y que se suma a los honorarios, costas procesales y otros gastos indirectos de la intensa litigancia.
Una montaña de 234 juicios, con un foco rojo en 89 procesos laborales que se arrastran por años e incluso décadas, es el panorama jurídico que enfrenta el H. Ayuntamiento de Córdoba. A lo anterior se suma una jugosa contratación externa por 1.8 millones de pesos.
La información, obtenida a través de una solicitud de transparencia (Folio 300546125000278), revela la abrumadora cantidad de procesos legales en los que está inmerso el municipio. La respuesta oficial, firmada por el Coordinador Jurídico, Lic. Miguel Ángel Rojas González, quien reporta a la Síndica López González, detalla litigios en materia penal, administrativa, civil y de amparo. Sin embargo, el rubro más alarmante es el laboral.
Una bomba de tiempo laboral
De los 89 expedientes laborales listados, al menos 10 se iniciaron hace más de una década. Casos como el Juicio Laboral Expediente 458/2006-III y el 925/2006-III, ambos aún en fase de “Ejecución” e “Instrucción” respectivamente después de 19 años, ejemplifican la lentitud y la posible negligencia en la resolución de conflictos con ex empleados.
La inmensa mayoría de estos juicios (más del 80%) se encuentra en fases preliminares como “Instrucción”, lo que indica que no se han resuelto los fondos de fondo y continúan generando costos de representación legal y, potencialmente, acumulando multas y recargos. Este estancamiento prolongado sugiere una administración judicial reactiva y falta de estrategias conciliatorias o de solución oportuna.
