De la redacción
El Buen Tono
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar de manera definitiva las multas impuestas por el INE a cientos de candidaturas durante la pasada elección judicial. Las sanciones, que superaban los seis millones de pesos en total, habían sido aplicadas por la aparición de nombres en acordeones físicos y digitales considerados propaganda indebida.
La Sala Superior cerró más de 400 juicios pendientes relacionados con este proceso de fiscalización, argumentando que no se pudo comprobar quién elaboró, financió o distribuyó estos materiales, por lo que no era posible imputar responsabilidad indirecta a los beneficiarios. Las multas individuales alcanzaban hasta 250 mil pesos, aunque algunas se ajustaron según la capacidad económica de los implicados.
La magistrada Janine Otálora señaló que los acordeones, aunque pretendían influir en la voluntad del electorado, no contaban con una investigación completa por parte del INE. Otálora insistió en que las indagatorias quedaron inconclusas y que, aunque coincidía en revocar las sanciones, lo procedente habría sido que el INE agotara sus procedimientos de investigación.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario identificar a quienes hicieron o pagaron los acordeones para considerar la infracción. Sin embargo, la mayoría de la Sala Superior —integrada por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes— coincidió en que las sanciones eran injustificadas, ya que no se pudieron probar vínculos concretos con las candidaturas ni la fuente de financiamiento.
Con esta resolución, ningún juez o magistrado deberá pagar multas por haberse beneficiado de estos materiales, cuya procedencia y financiamiento no fueron demostrados, cerrando así un capítulo controvertido en la fiscalización de la elección judicial.
