Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.– En una maniobra que evita el escrutinio público y busca blindar su gestión a pocos meses de concluir el mandato, el ayuntamiento de Córdoba que preside Juan Martínez ha destinado más de 1 millón de pesos del erario a un contrato de adjudicación directa con un despacho particular para evaluar fondos federales para obras públicas.
Este servicio de “evaluación de consistencias y resultados” de los fondos FAISMUN y FORTAMUN 2025, es pagado con recursos públicos. El monto del contrato, calculable a partir de la fianza de cumplimiento del 10 % que asciende a $103,448.27, supera el millón de pesos, dinero que proviene de impuestos de los cordobeses.
El contrato AD/17/FORTAMUNDF/2025300 440274/01, firmado el 19 de junio de 2025, fue asignado sin licitación pública al despacho “Burgos Cervantes y Asociados, SC”, cuyo domicilio fiscal registrado para este contrato se encuentra en Avenida Cordillera, número 64-B, colonia La Pradera, C.P. 91637, en la localidad de Emiliano Zapata, Veracruz.
DUDOSO IMPACTO
La población, que ha expresado en reiteradas ocasiones su malestar por la falta de obras públicas que resuelvan problemas crónicos de infraestructura, servicios y movilidad, ve con recelo este tipo de gastos. La sospecha latente es que estos contratos a destiempo y sin competencia pública son un mecanismo para desviar o justificar recursos federales.
DESCONFIANZA
La decisión de usar una adjudicación directa por excepción impidió que otros proveedores compitieran, garantizando el contrato para un solo despacho. Este mecanismo impide conocer si se obtuvo el mejor precio o la mejor calidad técnica, y alimenta la percepción de que el gobierno saliente busca controlar el manejo financiero con un informe a su modo, tapando las raterías y corrupción imparable.
