ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
Córdoba.– A meses de concluir la gestión 2022–2025, la paramunicipal Hidrosistema de Córdoba desembolsó 2.3 millones de pesos de recursos públicos para contratar un despacho privado que documente y evalúe su proceso de entrega–recepción.
El contrato, adjudicado en marzo de 2025 a la firma Consultoría Integral Mak & Jey y Asociados S.C., busca “integrar administrativamente” los cuatro años de gobierno, capacitar personal, elaborar informes y generar actas que sirvan como base del protocolo de cierre oficial. Sin embargo, la decisión llega en medio de un contexto de descontento ciudadano por el deficiente suministro de agua, cobros excesivos y un servicio plagado de fallas técnicas.
La inversión millonaria, a pocos meses de concluir el mandato, ha generado críticas por evidenciar la incapacidad de la estructura interna del organismo para realizar esta tarea con recursos propios. El proceso de rendición de cuentas, que debería reflejar transparencia, se ha convertido en un costoso ejercicio de autocomplacencia financiado con dinero público.
Por eso, los usuarios enfrentan aumentos en el costo del servicio de agua potable, mientras Hidrosistema de Córdoba destina millones a auditar su propia gestión en lugar de invertir en mejorar la infraestructura y garantizar un suministro eficiente.
Mientras la ciudadanía enfrenta cortes intermitentes, baja presión en las tuberías y recibos que duplican los consumos reales, el organismo gasta millones en blindar su cierre administrativo. En lugar de destinar esos fondos a reparar fugas o mejorar la infraestructura hidráulica, Hidrosistema prioriza un protocolo de auditoría que busca justificar la gestión saliente.
El contrato establece que el servicio se realizará con “independencia de juicio y actuación profesional”. No obstante, que sea la misma administración quien pague por su evaluación genera un conflicto de interés evidente: se paga a un tercero para revisar a quien le paga. Este modelo, aunque legal, difícilmente garantiza una revisión crítica o imparcial.
El argumento del “orden administrativo” contrasta con la realidad de miles de usuarios que padecen escasez y sobrecargos. El gasto millonario parece más un intento de blindaje político que un ejercicio de rendición de cuentas.
