De la redacción
El Buen Tono
El gobierno de Perú anunció este viernes que propondrá a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954, argumentando que se ha tergiversado el derecho al asilo. Esta medida surge tras el otorgamiento de asilo diplomático por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que iniciará un proceso de consultas con otros miembros de la OEA para asegurar que “el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”. Mientras tanto, Perú tomará decisiones sobre el salvoconducto que permita a Chávez salir del país hacia México únicamente después de concluir estas consultas.
Chávez recibió asilo diplomático el pasado lunes en medio del juicio que enfrenta junto a Castillo y otros miembros de su Gobierno por acusaciones de rebelión y conspiración, derivadas del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El comunicado oficial destacó que se realizaron consultas internas y con expertos juristas, concluyendo que en años recientes el derecho al asilo ha sido malinterpretado, calificando delitos comunes como persecución política. La Convención de Caracas permite al Estado asilante evaluar la naturaleza del delito, pero según Perú, esta práctica “desnaturaliza la esencia de la Convención”.
La Cancillería expresó su malestar por lo que considera un uso indebido del derecho de asilo y busca que la modificación de la Convención impida futuras tergiversaciones. Este caso recuerda al conflicto generado por el asilo otorgado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por México, aunque Perú descarta acciones extremas contra Chávez.
Actualmente, Chávez permanece en la embajada de México en Lima, mientras las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen tensas, con ruptura formal anunciada tras la decisión mexicana. El gobierno peruano enfatiza que no se trata de persecución política, sino de un proceso judicial por presunto delito, y considera el asilo una injerencia en asuntos internos.
