AGENCIA
Ecuador.- Un total de 27 presos fueron hallados muertos la tarde de este domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú. De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai), las víctimas fueron asfixiadas dentro del penal.
En un comunicado, el organismo informó que “entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”. Con este hecho, el número de fallecidos en el reclusorio se elevó a 31 en menos de 24 horas.
Durante la madrugada del mismo domingo, el Snai había reportado la muerte de cuatro reclusos y 33 heridos, además de un agente policial lesionado, atribuyendo el hecho a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”. Inicialmente, las autoridades informaron que eran cinco las víctimas mortales, aunque posteriormente rectificaron la cifra.
Crisis de violencia en el sistema penitenciario
El episodio se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en crisis al sistema carcelario ecuatoriano. El pasado 1 de noviembre, doce presos fueron hallados sin vida en tres prisiones del país: seis en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; cuatro en la cárcel de Turi, en Cuenca; y dos en el penal de Esmeraldas.
Mientras el Snai calificó las muertes en Guayaquil como “naturales”, atribuyéndolas a tuberculosis, medios locales reportaron que los cuerpos encontrados en los otros dos centros presentaban heridas por armas de fuego, armas blancas y signos de violencia física.
Desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados dentro de las prisiones ecuatorianas, la mayoría durante enfrentamientos entre bandas criminales. La situación ha llevado al gobierno del presidente Daniel Noboa a militarizar algunos penales y declarar en 2024 un “conflicto armado interno” contra las organizaciones delictivas.
En 2025 la violencia se ha intensificado: Solo en el primer semestre del año se registraron 4,619 homicidios en Ecuador, un incremento del 47 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, consolidando al país como uno de los más violentos de América Latina.
