Fracaso en la política jurídica de la Síndica Vania López González, próxima regidora, genera deudas millonarias que pagarán los ciudadanos
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El Ayuntamiento de Córdoba concluirá su administración sepultado en demandas y juicios que suman la escalofriante cifra de 42 millones 478 mil pesos, según el último Informe sobre Pasivos Contingentes a septiembre de 2025. Este legado de litigios, acumulado bajo la actual gestión, representa una carga financiera que inevitablemente deberá ser sufragada con el erario público, es decir, con el dinero de los contribuyentes.
La crisis se divide en tres frentes principales. En materia laboral, el municipio enfrenta 89 juicios por un monto total de 23 millones 737 mil pesos. Casos como el expediente 1028/2014-V, con un laudo por 945 mil pesos, o el 457/2016-V, por 1.2 millones de pesos, reflejan conflictos laborales no resueltos. Pero el caso más emblemático es el expediente 125/2022-V y sus acumulados, que suman 12 juicios en un solo proceso por la impactante cantidad de 2.1 millones de pesos, todos ellos aún en fase de instrucción.
En materia civil, aunque son menos casos, los montos son aún más abultados. Tres juicios acumulan 15.8 millones de pesos, destacando el expediente 1018/2023-III por 8.4 millones de pesos que se encuentra en etapa de apelación. Finalmente, en materia administrativa, un solo juicio por 2.8 millones de pesos completa el panorama de esta crisis jurídica.
La Ley Orgánica Municipal establece claramente que la Síndica o Síndico es el responsable de la procuración y defensa de los intereses del ayuntamiento, es decir, de dirigir la política jurídica del municipio. Bajo este marco, la titularidad de esta crisis recae directamente en la Síndica Vania López González, quien curiosamente no solo no ha podido contener esta hemorragia de litigios, sino que ha sido electa como regidora para la próxima administración municipal.
LA INVERSIÓN MILLONARIA EN DESPACHOS EXTERNOS
Lo más grave del caso es el contraste entre los resultados y los recursos destinados a la defensa legal. Mientras los juicios se acumulaban y los laudos en contra crecían, la Tesorería Municipal desembolsó 1 millón 835 mil pesos para la “asesoría legal especializada” del abogado Argel Humberto Aguirre García. El contrato, identificado como AD/06/FISCALES/2024 y firmado el 31 de enero de este año, comprometió el erario público hasta diciembre de 2024 con un anticipo del 50%, es decir, 917,500 pesos que cayeron en la cuenta del proveedor en el momento de la firma, seguido de diez mensualidades de 91,750 pesos.
Este gasto millonario en asesoría especializada no se tradujo en una reducción de la cartera de juicios, sino todo lo contrario. Los 89 juicios laborales son solo la punta del iceberg de un problema sistémico en la Coordinación Jurídica, que bajo el mando de la Síndica López González fue incapaz de establecer mecanismos de solución temprana de conflictos o de defensa efectiva de los intereses municipales.
