De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El descontento crece entre los locatarios del mercado Emiliano Zapata. Denuncian que la administradora Laura Sánchez Hernández convirtió la administración del recinto en una caja chica personal, donde los cobros y multas se imponen sin criterio, sin respaldo legal y con favoritismos descarados.
Comerciantes aseguraron que todo tiene un precio, incluso la amistad. Mientras a algunos se les castiga con multas de hasta 500 pesos, a los allegados de la administradora sólo se les cobran 100 o 150 pesos por la misma falta. “Aquí la ley no es pareja. Si eres su amigo, te perdonan; si no, te exprimen”, reclamaron los afectados.
Los abusos no se detienen ahí. Denuncian que los cobros ilegales se multiplicaron: “Antes el productor de limón pagaba 150 pesos por descargar, lo cual ya era un abuso; ahora les quiere cobrar 280”. Además, Sánchez Hernández inventó un supuesto “cambio de giro” que sirve de pretexto para aplicar nuevas cuotas: 2 mil 500 pesos, cuando antes eran apenas 300. “Si un vendedor de jitomate también ofrece flores, ya le dice que cambió de giro y le cobra más”, señalaron.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, los abusos también se hicieron presentes. Los comerciantes recuerdan que cuando algunos intentaron vender cubrebocas para sobrevivir, la administradora quiso cobrarles de inmediato, alegando nuevamente un cambio de giro.
Una comerciante narró su caso: al intentar reabrir su local fue sancionada con mil 800 pesos, aunque inicialmente le exigieron 4 mil 200. “Ya había llegado a un acuerdo con la administración anterior, pero Trueba Coll volvió a revivir el tema y hasta clausuró mi puesto. Después, ofrecieron mi espacio a otra persona”, relató indignada.
Las denuncias apuntan directamente a Laura Sánchez Hernández quien opera en contubernio para inflar cobros, inventar sanciones y hacer del mercado una fuente privada de ingresos.
Lo más grave, aseguraron, es la indiferencia del Ayuntamiento de Orizaba, que permite este esquema de cobros inventados, multas selectivas y favoritismo se mantenga impune. Mientras tanto, los comerciantes que sostienen la economía popular viven bajo amenaza constante: o pagan, o pierden su espacio.
