De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La administración encabezada por Juan Martínez Flores vuelve al centro del cuestionamiento público debido a prácticas que reflejan desorden institucional y maniobras que benefician a funcionarios afines. En los estados financieros de octubre se reporta la supuesta baja del titular de Educación, Cultura y Deporte, Flavio Heredia Quiroz, fechada el 16 de ese mes; no obstante, esta anotación resulta contradictoria, ya que el funcionario continuó operando con normalidad.
Dicho comportamiento refuerza su papel como uno de los principales aliados del alcalde y de su hija Jessica Martínez dentro de la coordinación municipal del deporte.
Adicionalmente, la supuesta separación del cargo quedó desmentida el 31 de octubre, cuando Heredia Quiroz presidió la inauguración de las ofrendas escolares en el parque “21 de Mayo”. Este acto público evidenció la continuidad de sus funciones, posteriormente confirmada durante la sesión de Cabildo de esta tarde. En ese espacio, el regidor Sergio de la Llave Migoni señaló que aún recibe documentación firmada por Heredia, lo que contradice los registros oficiales y exhibe una operación paralela dentro de la estructura municipal.
Asimismo, la trayectoria administrativa del funcionario muestra una permanencia que no corresponde con los ajustes anunciados por el ayuntamiento. En los primeros años de la actual gestión, se mantuvo mediante contratos de prestación de servicios, mecanismo que le permitió mantenerse activo pese a los cambios internos.
Tras la salida de dos directores anteriores, finalmente fue colocado al frente del área, consolidando así su presencia dentro del equipo cercano al presidente municipal. Paralelamente, los estados financieros también registran el alta de Roger Ariel Lizama Camelo como responsable del rastro municipal.
Este movimiento se produce después de denuncias por malversación de recursos generados por los servicios del rastro, situación que apunta a un reacomodo interno más orientado al encubrimiento que a la corrección. Con estos elementos, se configura un panorama en el que las decisiones administrativas responden a intereses políticos y no a criterios de transparencia o rendición de cuentas.
