DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- En Córdoba se intensifican los señalamientos contra Juan Javier Gómez Cazarín, a quien diversas fuentes internas atribuyen el montaje de una estructura de control diseñada para intervenir en áreas municipales mediante operadores estratégicos incrustados en la sindicatura. En este sistema, Vania López González es señalada como su colaboradora más cercana y pieza clave para acceder a información interna, manipular procesos locales y orientar decisiones en beneficio del grupo político que él dirige.
Funcionarios consultados aseguran que la servidora pública ha adelantado que el próximo delegado regional de Bienestar será alguien de su círculo más próximo e incluso ha presumido posibles ubicaciones para nuevas oficinas, pese a que la representación federal sigue oficialmente en San Nicolás. Estas afirmaciones alimentan la percepción de que la sindicatura opera alineada a los intereses de Gómez Cazarín y que su permanencia en la administración municipal abre la puerta a una intervención directa del delegado en decisiones internas que no le corresponden.
A nivel estatal, testimonios y reportes internos describen un esquema de control que se replica en múltiples regiones, especialmente en la ejecución del programa La Escuela es Nuestra, donde se documentan presiones a comités escolares, direccionamiento de proyectos y concentración de recursos en beneficio del mismo grupo político. Dentro de esta red también se menciona a Adrián Domínguez Rangel, alcalde electo de Tampico Alto; Imelda Garrido Alvarado, diputada local; Elizabeth Cervantes de la Cruz, diputada federal; y Roberto Francisco San Román Solana, legislador local, quienes, de acuerdo con estas versiones, han recibido obras y contratos asignados a constructoras cercanas al aparato estatal.
El aumento de denuncias provoca creciente inquietud entre personal educativo y comités escolares, que alertan sobre un uso político de programas federales y una injerencia del delegado en regiones donde no debería tener facultad operativa.
Ninguno de los mencionados ha fijado postura pública, mientras aumenta la demanda de auditar los procedimientos, las asignaciones y los contratos vinculados a esta estructura que se expande sin freno.
