AGENCIA
CDMX.- La Fiscalía General de la República abrió una investigación que involucra a políticos y empresarios de Baja California, entre ellos Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno estatal y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El organismo federal ordenó su comparecencia en las oficinas centrales ubicadas en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, acompañado de un abogado y con identificación oficial.
La denuncia, considerada anónima por algunos de los señalados, involucra a por lo menos 20 personas. Entre ellas destacan el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exfuncionario.
Torres Torres figura ahora como imputado formal, meses después de haber sido exhibido mediáticamente junto con su entonces esposa por la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos. Los oficios de la FGR, cuya existencia fue confirmada por documentos difundidos por el semanario Proceso, detallan señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La filtración de los documentos judiciales desató revuelo político en la entidad fronteriza, especialmente tras el anuncio de divorcio de la gobernadora Ávila Olmeda en octubre, luego de meses de versiones sobre presiones desde Washington por posibles nexos con grupos criminales.
El alcalde Burgueño Ruiz reconoció haber recibido el citatorio y cuestionó públicamente su difusión, señalando que deriva de una denuncia anónima sin fundamento. Aseguró que no tiene nada qué temer.
Hasta ahora, ni Torres Torres ni la mandataria estatal han emitido postura sobre el caso.
El 19 de mayo, el Semanario Zeta reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso son investigados tanto en México como en Estados Unidos por tráfico ilegal de diésel, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, se originó tras el aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que almacenaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. En territorio estadounidense, el Departamento de Seguridad del Interior indaga una presunta conspiración para delitos financieros.
A ello se suma que el 10 de noviembre el Departamento del Tesoro sancionó a una red vinculada al Cártel de Sinaloa, donde figura Jorge Arturo Rojas Navarro, socio del empresario José Galicot Behar, allegado a Torres. Las empresas de Galicot-Rojas han recibido contratos millonarios para servicios de telemetría y geolocalización en Baja California y Sonora, señaladas como presuntas fachadas para el blanqueo de capitales de la facción sinaloense conocida como La Mayiza.
Trayectoria de Torres Torres
Carlos Alberto Torres Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con posgrados en participación ciudadana y administración por CETYS Universidad. Con más de dos décadas de militancia en el PAN, ocupó cargos estatales y nacionales en el partido. Fue candidato a la alcaldía de Tijuana en 2010 y delegado federal de Sedesol en Baja California entre 2011 y 2012. De 2016 a 2019 fue diputado local.
Su figura se volvió especialmente polémica cuando votó a favor de la llamada Ley Bonilla, que buscaba ampliar de dos a cinco años el periodo del entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez. La reforma fue invalidada por la Suprema Corte debido a su violación constitucional. Tras justificar su voto como un acto de lealtad institucional, Torres se integró a Morena en 2019. Ese mismo año contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien tuvo un hijo en 2020.
La FGR continúa integrando la investigación, mientras los implicados enfrentan un creciente escrutinio público por los señalamientos de corrupción, lavado de dinero y presuntos nexos con el crimen organizado.
