AGENCIA
Guanajuato, Gto.- El acuerdo hídrico que hace ocho meses la presidenta Claudia Sheinbaum presentó como ejemplo nacional de tecnificación agrícola y aprovechamiento sustentable del agua enfrenta hoy su mayor crisis. Productores y habitantes de Acámbaro y municipios vecinos se han movilizado de manera masiva para rechazar el proyecto federal que busca trasladar agua de la presa Solís al corredor industrial de Guanajuato.
El domingo 9 de noviembre más de tres mil personas tomaron el centro de Acámbaro para protestar contra la construcción del acueducto Solís–León, obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del Plan Nacional Hídrico y cuya inversión asciende a 15 mil millones de pesos. El proyecto pretende enviar agua a León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.
Entre gritos de “fuera Sheinbaum” y “revocación”, los asistentes acusaron que el acueducto pondrá en riesgo el abasto de agua para el sur de Guanajuato, región históricamente relegada en materia de infraestructura hídrica.
El rechazo, inicialmente encabezado por productores agrícolas de Acámbaro, se ha extendido a Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra, Villagrán y Cortazar, municipios que también dependen del riego proveniente de la presa Solís.
Una figura inesperada se sumó al movimiento: El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, originario de Acámbaro, quien llamó a defender el agua y el territorio frente a proyectos que, dijo, favorecen intereses ajenos a las comunidades.
El conflicto inició formalmente el 1 de marzo, cuando Sheinbaum acudió a Irapuato para firmar el convenio de tecnificación de 10 mil 200 hectáreas del distrito de riego 011. El acuerdo implicaba 6 mil 400 millones de pesos para modernizar el riego y destinar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua al corredor industrial mediante el acueducto Solís-León, que concentraría el abasto para cinco municipios donde viven 3.5 millones de personas.
El convenio fue firmado por 40 representantes, incluidos presidentes de módulos de riego, pero productores locales denunciaron que no se les informó que el agua tecnificada abastecería al corredor industrial.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció que la falta de socialización del proyecto respondió a una solicitud del gobierno federal, lo que incrementó la desconfianza. Conforme escalaba el rechazo, Alejandro Acevedo, presidente del módulo de riego de Acámbaro, renunció tras ser acusado de negociar en lo oscuro la entrega del agua.
Hoy la obra del acueducto está detenida, presionada por el creciente descontento social que exige transparentar acuerdos y evitar que las comunidades abastecedoras sean afectadas.
Este sería el segundo megaproyecto en dos décadas para dotar de agua a León, después del fallido proyecto de la presa El Zapotillo, cancelado en 2014 por la resistencia social en Jalisco.
Las resistencias crecientes en Guanajuato revelan el hartazgo de una región que afirma haber sido ignorada mientras las autoridades estatales y federales impulsan obras que podrían comprometer su acceso al agua.
En la protesta del 9 de noviembre, alrededor de tres mil personas recorrieron las calles de Acámbaro con carteles como “El agua no tiene partido, tiene dueño: el pueblo” y “No somos políticos, somos pueblo”. Los manifestantes denunciaron que la tecnificación iniciará en Irapuato y no en Acámbaro, pese a que el agua saldría de la presa Solís.
También cuestionaron que el acueducto estaría terminado en 2028, un año antes de que concluya la tecnificación total del sistema de riego, lo que consideran una amenaza directa para la producción agrícola.
Las declaraciones de líderes religiosos también han alimentado el debate. Raúl Vera llamó al gobierno a frenar la obra y abrir procesos reales de consulta, mientras que el sacerdote Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas, lanzó duros señalamientos contra la gobernadora Libia Dennise García, a quien acusó de permitir un despojo hídrico. Aunque las declaraciones fueron rechazadas por la mandataria, esta descartó denunciarlo.
Vera insistió en que el conflicto no gira en torno al derecho humano al agua, sino al uso injusto del recurso, que podría despojar a comunidades enteras para beneficiar a sectores industriales.
La escasez de agua en León ha sido un problema sin resolver por más de 20 años. La presa El Zapotillo, que originalmente abastecería a León, quedó descartada por impactos sociales y legales, y desde entonces el municipio más poblado del estado sigue en busca de alternativas.
Con la llegada del nuevo gobierno federal, Guanajuato fue incorporado al Plan Nacional Hídrico, con inversiones por 21 mil 400 millones de pesos: 15 mil millones para el acueducto y 6 mil 400 para la tecnificación del campo. La Federación aportaría 12 mil 500 millones y el resto correría por cuenta del estado y los municipios.
Durante la firma del convenio en marzo, Sheinbaum presumió el trabajo de tecnificación agrícola realizado en el estado, mientras la Conagua defendió que modernizar el riego es la mejor opción para garantizar agua de consumo sin afectar la producción agrícola. Representantes del distrito 011 avalaron los acuerdos, aunque hoy varios de ellos enfrentan cuestionamientos locales.
Ante las recientes protestas, la gobernadora García Muñoz Ledo aseguró que el proyecto no destinará agua a la industria, sino únicamente a uso doméstico, y que con la tecnificación se podrían ahorrar hasta 300 millones de metros cúbicos, de los cuales solo 120 están comprometidos.
La mandataria pidió abrir espacios de diálogo para explicar los alcances del proyecto, pero las comunidades exigen no solo explicaciones, sino garantías de que el acueducto no avanzará sin su consentimiento.
Por ahora, el acueducto Solís–León permanece en pausa, mientras el gobierno federal enfrenta uno de los mayores desafíos sociales de la actual administración: demostrar que sus proyectos hídricos no reproducen viejas prácticas de imposición ni comprometen la sobrevivencia de las regiones agrícolas que, hoy más que nunca, se sienten amenazadas.
