Ciudad de México.- El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, no fue un ataque improvisado, sino una operación meticulosamente coordinada a través de chats y evidencia digital. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconstruyó los hechos mediante análisis de cámaras, teléfonos y mensajes entre los agresores, revelando un plan organizado en capas que terminó por delatar a sus propios participantes.
El presunto autor intelectual, Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, lideraba una célula delictiva vinculada al crimen organizado en Michoacán. Según la SSPC, daba instrucciones, presionaba a los ejecutores y supervisaba la operación, que culminó con el asesinato de Manzo el 1 de noviembre, quien recibió siete impactos de bala durante un evento público del Día de Muertos. Uno de los atacantes, de 17 años, falleció en el lugar.
El seguimiento digital de los agresores permitió documentar toda la secuencia: ubicación del alcalde, confirmación mediante transmisiones en vivo, presión sobre los ejecutores y, finalmente, la coordinación de la huida. Días después, dos cómplices fueron encontrados muertos, en lo que se interpreta como un intento del grupo por silenciarlos, dejando evidencia clave en sus teléfonos.
El Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, detuvo a Jorge Armando “N” en Morelia el 18 de noviembre, asegurando armas, drogas, teléfonos y un vehículo. La SSPC asegura que esta captura desarticula un núcleo importante de la estructura criminal responsable también de extorsión y reclutamiento de jóvenes.
El caso evidencia cómo los homicidios políticos en México se han modernizado: el crimen organizado utiliza chats cerrados, videos en tiempo real y presión digital para planear y ejecutar asesinatos. La violencia desató protestas en diversas ciudades el 15 de noviembre, con enfrentamientos entre manifestantes y policías en la Ciudad de México.
El Gobierno federal anunció que las investigaciones continúan y habrá nuevas detenciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene operativo el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con más de 10 mil agentes federales y programas sociales para atender las causas de la violencia en la región.
