de la redacción
el buen tono
Orizaba.- Las omisiones arrastradas desde la administración de Juan Manuel Diez Francos volvieron a colocarse en el centro del debate público, al documentarse cómo dejó pasar la oportunidad de exigir cuentas al expresidente Emilio Stadelmann López por las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en 2008. Pese al cúmulo de irregularidades, no promovieron denuncia penal alguna.
Líderes sociales de esa época coincidieron en que “había pruebas suficientes para decir que sí había un daño patrimonial”, sin embargo, la administración municipal se limitó a remitir el caso al Congreso del Estado y al propio Orfis, evadiendo cualquier acción que permitiera fincar responsabilidades.
El ejemplo más evidente es el puente de la Sur 6. Aunque en 2008 se realizaron pruebas de resistencia para tranquilizar a la población —debido al riesgo de tránsito de vehículos con sustancias peligrosas—, la autoridad local no dio seguimiento real: no hubo verificación continua, ni investigación, ni deslinde de responsabilidades.
A esto se suman observaciones por obras inexistentes, inconclusas o con graves irregularidades. Activistas señalan que el Orfis opera con altos presupuestos, pero sin resultados concretos, especialmente en un caso tan expuesto como el de Orizaba. La falta de sanciones ha permitido que la impunidad histórica permanezca intacta.
El origen del problema se remonta al 20 de diciembre de 2006, cuando el Cabildo aprobó por unanimidad que el entonces presidente Emilio Stadelmann López y el síndico Alberto Faure Laurrieu firmaran un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación para aplicar recursos destinados al paso a desnivel de la Sur 6. Aunque existían obligaciones claras, el resultado final no correspondía con el monto ejercido.
La obra, aprobada durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y respaldada por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, encabezada por el diputado Manlio Fabio Baltazar Montes, terminó envuelta en inconsistencias y observaciones. A pesar de ello, ni el Orfis ni la administración de Diez Francos impulsaron sanciones. Todo quedó, una vez más, en papel y discursos.
