Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La permanencia de funcionarios durante más de una década en administraciones encabezadas por el grupo empresarial en el poder ha dejado una marca clara: falta de empatía hacia los comerciantes y uso sistemático de la fuerza institucional como método de control. Desde las primeras gestiones de Juan Manuel Diez Francos, se han normalizado actos de abuso, despojo e intimidación contra quienes representan uno de los pilares económicos de la ciudad.
El analista político Darío Canek Arenzano Altif señaló que los recientes casos lo confirman: el intento de arrebatarle su local a un comerciante del mercado Emiliano Zapata, el enfrentamiento promovido contra la luchadora social Tomasa López Peralta, el supervisor que despojó de una maceta a un hombre con discapacidad, y el operativo intimidante donde tres patrullas con 14 elementos desalojaron a un vendedor de pollo en el mercado Melchor Ocampo. Todo bajo la coordinación de Comercio municipal, a cargo de Fernando Trueba Coll, quien —afirmó— debería ser separado del cargo por sus constantes abusos.
“Las administraciones han sido permisivas con los allanamientos sobre el ciudadano. Por lo menos deberían poner bajo observación el actuar de estos funcionarios”, recalcó Arenzano. Recordó que el área de Comercio no es un botín político, sino una responsabilidad pública para fortalecer la economía local y garantizar el derecho al autoempleo.
Esta conducta —añadió— no es nueva. “Desde las primeras administraciones de Juan Manuel ha quedado claro que el abuso contra comerciantes es parte de las políticas públicas y sociales que ha tenido esta continuidad de gobierno en Orizaba. Recordemos que cuando Hugo Chahín Maluly quiso hacer una limpia, lo primero que hizo fue reventar en contra de los comerciantes”.
Afirmó que el ayuntamiento usa los espacios como control político: premia a quien se alinea y castiga a quien protesta. “Nunca les ha importado ese tipo de comerciantes y hacen con ellos lo que quieren”, sentenció.
