Agencias
México.- Durante la marcha del 15 de noviembre convocada por colectivos de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México, Daniela Toussaint, de 23 años y originaria de Guadalajara, documentó 39 minutos de su detención, asegurando que fue golpeada, torturada y rociada con gas lacrimógeno por policías de la SSC. En la audiencia inicial, el juez Joel Garduño desestimó la grabación presentada por la defensa alegando posible alteración con inteligencia artificial, y vinculó a Daniela a proceso por resistencia de particulares, a pesar de que las lesiones visibles en su rostro y cuerpo confirmaban agresiones físicas.
Toussaint relató que, durante la detención, fue trasladada en varias patrullas, sin recibir atención médica, y que los policías que la detuvieron no coincidían con los reportados en la carpeta de investigación. Inicialmente acusada de tentativa de homicidio contra dos policías, la Fiscalía reclasificó el delito, pero la defensa asegura que las lesiones de los oficiales tardan menos de 15 días en sanar, lo que evidencia desproporción en la imputación.
La abogada de Toussaint, Diana Rodríguez, criticó que el juez siguió la narrativa oficial y rechazó la grabación, cerrando la posibilidad de considerar otros indicios sobre la detención, mientras que ni Daniela ni otros detenidos fueron registrados en el Registro Nacional de Detenciones, diseñado para evitar desapariciones forzadas.
Actualmente, Daniela cumple medidas cautelares que incluyen firmar cada dos meses y no acercarse al Zócalo ni a los policías denunciantes, mientras mantiene un amparo en contra de la vinculación. La joven planea difundir la grabación por su cuenta, acompañándola de una canción que está terminando, con el objetivo de dar a conocer lo ocurrido durante su arresto.
La marcha, convocada por miles de personas en demanda de justicia por el asesinato de Carlos Manzo y un alto a la violencia, derivó en enfrentamientos con la SSC tras el derribo de vallas metálicas, resultando en 29 detenciones, lesiones a 84 policías y cuatro civiles, y la apertura de 17 carpetas de investigación sin detenido. La Fiscalía capitalina imputó a 18 adultos por diversos delitos, incluyendo tentativa de homicidio, resistencia de particulares y lesiones dolosas.
Este caso ha generado un debate sobre el uso de pruebas digitales en juicios y la legalidad de detenciones durante manifestaciones, mientras Daniela Toussaint busca que su versión de los hechos sea reconocida públicamente.
