Agencias
Chihuahua, Chih.- Productores y especialistas expresaron fuertes preocupaciones durante un foro realizado en el Congreso del Estado, donde coincidieron en que la reforma a la Ley de Aguas no representa una solución técnica, sino un mecanismo de centralización que pondría en riesgo la seguridad jurídica, el patrimonio y la operación productiva del campo mexicano.
En el encuentro, convocado por legisladores de oposición, Agricultores Unidos de Chihuahua señalaron que la iniciativa permitiría retirar concesiones y derechos de forma arbitraria, al concentrar en el Gobierno federal la administración del recurso hídrico. Entre sus principales inquietudes destacaron la falta de transparencia, el aumento de trámites, la criminalización del productor y la prohibición de transferir o cambiar titularidades de derechos, lo que —advirtieron— devaluaría la tierra y comprometería la seguridad alimentaria nacional.
Cornelio Reimer expuso que la Comisión Nacional del Agua mantiene rezagos de años sin resolver prórrogas ni cambios de título, pese al plazo legal. Alertó que, en lugar de corregir estas fallas, la reforma podría acusar a los agricultores de irregularidades, empujar la corrupción y frenar inversiones en el sector.
El ejidatario Jorge Robles calificó la iniciativa como un “capricho” retomado en un momento crítico por el Tratado de Aguas Internacionales. Denunció que la prohibición de transferir derechos afectaría directamente a ejidatarios y pequeños propietarios que dependen de rentar sus tierras. También criticó que los ahorros de agua por tecnificación serían absorbidos por un “banco de agua del Gobierno”, mientras que el propuesto Registro Nacional del Agua no sería público ni garantizaría certeza jurídica. Señaló además que el artículo 118 permitiría otorgar permisos para presas de jales mineros cerca de cuerpos de agua, algo no permitido en la ley vigente.
La académica Yasmín Rivera advirtió que las prórrogas de concesiones quedarían sujetas a un nuevo esquema de asignación sin garantías de continuidad, y se revisarían acuíferos cuya disponibilidad ya está registrada oficialmente. Indicó también que productores enfrentan negativas de cuotas energéticas debido a trámites detenidos por falta de personal en Conagua.
El foro contó con la presencia de legisladores federales y locales que escucharon los señalamientos sobre los transitorios de la reforma, los cuales blindan su entrada en vigor inmediata y permitirían aplicar el nuevo marco regulatorio con mayoría simple en el Congreso.
Productores insistieron en que la reforma, tal como está redactada, no solo limita derechos adquiridos, sino que aumenta la incertidumbre en un sector ya presionado por la falta de agua, la burocracia y los conflictos derivados del manejo del recurso hídrico.
