Efraín Hernández
El Buen Tono
La nueva Ley de Extorsión en México ha generado preocupación entre especialistas y analistas de comunicación, quienes señalan que esta normativa podría ser empleada como un mecanismo para castigar penalmente a medios, editores y periodistas que publiquen críticas hacia el Gobierno federal. El máster en comunicación Carlos Miguel Acosta Bravo advirtió que la legislación permite interpretar expresiones críticas como conductas delictivas, lo que representa un riesgo directo para la libertad de expresión y para los derechos garantizados en la Constitución mexicana.
De acuerdo con el especialista, esta ley abre la puerta a que el Gobierno utilice instrumentos penales para inhibir investigaciones periodísticas, cuestionamientos públicos o señalamientos sobre fallas en la administración federal. Agregó que la peligrosidad radica en que la crítica legítima podría ser tratada como un acto ilícito, generando un clima de vulnerabilidad jurídica que afectaría la labor informativa y fomentaría la autocensura.
Una vez emitidas estas advertencias por parte de Acosta Bravo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han coincidido en que la Ley de Extorsión contiene elementos que pueden derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que la normativa podría afectar de manera injustificada a periodistas y medios independientes, y analiza posibles acciones legales para impedir su aplicación en casos que involucren el ejercicio periodístico
