AGENCIA
Nacional.- La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) expresaron su rechazo a la decisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de autorizar a Volaris a operar vuelos nacionales con pilotos extranjeros, medida que -advirtieron- vulnera la ley, pone en riesgo la soberanía aérea y afecta directamente a los trabajadores mexicanos del sector.
En un comunicado, ASPA, encabezada por Jesús Ortíz Álvarez, señaló que la autorización viola la Ley de Aviación Civil y contraviene el principio constitucional que establece que las aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por pilotos mexicanos por nacimiento. La organización también recordó que la medida ignora la circular obligatoria que regula el arrendamiento de aeronaves y sus reglas técnicas.
ASPA calificó la decisión como una “falla grave” en la responsabilidad regulatoria de la SICT, al considerar que abre la puerta al cabotaje encubierto y socava los derechos laborales de los pilotos nacionales. La asociación exigió la revocación inmediata de esta autorización, al considerar que representa un precedente injustificable que compromete la integridad del marco jurídico aeronáutico.
El CPAM, por su parte, manifestó su preocupación al confirmar que la autorización permitirá a Volaris operar vuelos nacionales con tripulación extranjera del 1 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. Recordó que en 2023 se advirtió a la administración anterior de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que permitir excepciones “únicas y extraordinarias” podría abrir la puerta a prácticas contrarias a la soberanía del país.
El Colegio subrayó que México cuenta con pilotos profesionales, certificados y plenamente capacitados para operar estas rutas, por lo que no existe argumento técnico ni legal para sustituirlos. También acusó que la medida contradice el discurso oficial de defensa de la soberanía y los compromisos de generación de empleo contenidos en el Plan México.
Asimismo, el CPAM advirtió que garantizar la conectividad aérea del país no debe hacerse a costa de violar la Constitución, y que si una aerolínea necesita romper la ley para cumplir con sus operaciones, el problema radica en su administración y no en el marco legal vigente. Exigieron a la SICT corregir la irregularidad y ordenar a la AFAC revocar las autorizaciones concedidas.
Ambas organizaciones coincidieron en que el espacio aéreo nacional debe regirse por las leyes mexicanas y operarse exclusivamente por pilotos mexicanos, sin excepciones que debiliten la soberanía o los derechos laborales del sector.
