Agencias
México.- La revisión del T-MEC prevista para 2026 se perfila como una prueba crucial para la competitividad de Norteamérica, donde la seguridad del transporte de carga en México se ha convertido en uno de los temas más sensibles para los tres países. Si bien las discusiones suelen centrarse en reglas de origen o aspectos laborales, hoy las preocupaciones más fuertes recaen en los riesgos que enfrentan diariamente los transportistas en las carreteras mexicanas.
El comercio trilateral depende de una cadena logística eficiente y segura; miles de unidades cruzan a diario las fronteras moviendo autopartes, alimentos, insumos médicos y mercancía estratégica. No obstante, el incremento del robo y la violencia contra el transporte de carga en territorio mexicano ha encendido alarmas entre empresas de Estados Unidos y Canadá, que consideran este fenómeno un riesgo sistémico capaz de reducir la competitividad regional. Estimaciones empresariales calculan que estas pérdidas representan alrededor del 0.5 % del PIB.
Los corredores del Estado de México, Puebla, Guanajuato, el Bajío, Arco Norte y la ruta Puebla–Veracruz concentran la mayoría de los ataques, muchos de ellos con violencia. La situación ha derivado incluso en bloqueos simultáneos en unas 20 entidades del país, impulsados por organizaciones de transportistas y productores que exigen mayor seguridad y un alto a extorsiones y prácticas abusivas.
Frente a este panorama, diversos sectores han insistido en que la revisión del T-MEC debe incluir compromisos puntuales en seguridad logística. Más que sanciones, se busca el reconocimiento de que la integración económica depende de carreteras funcionales, coordinación policial y sistemas de inteligencia capaces de reducir la vulnerabilidad en las cadenas de suministro.
A ello se suman tensiones regulatorias: pocas empresas mexicanas cuentan con permisos para circular en Estados Unidos, mientras que requisitos adicionales —como acreditación de idioma o compatibilidad de licencias— han limitado el aprovechamiento pleno del acuerdo. Aun así, la prioridad sigue siendo la seguridad en territorio nacional, donde persisten las mayores amenazas.
Para México, el reto no es solo operativo, sino institucional. La seguridad en el transporte de carga es vista como una señal de confianza para la inversión y como un indicador de la capacidad del Estado para garantizar un entorno logístico estable. La revisión del T-MEC en 2026 será, por tanto, un examen de credibilidad y un espacio para demostrar capacidad de respuesta con estrategias integrales: patrullajes coordinados, tecnología de rastreo, fortalecimiento de la Guardia Nacional y cooperación con el sector privado.
La seguridad del transporte de carga dejó de ser un asunto marginal. Hoy es un punto central del futuro económico de Norteamérica. La oportunidad para México consiste en convertir un problema crítico en un compromiso firme que fortalezca su posición y garantice que la integración regional avance sobre rutas seguras.
