Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.- El ayuntamiento de Córdoba usó un procedimiento de vaguedad institucional para proteger los datos de una empresa aliada del periodo de gobierno de Cuitláhuac García, por la compra de medicamentos para el Centro de Bienestar Animal (CBA).
Luego de una solicitud de información, sale a la luz que la estrategia se ejecutó a través del Comité de Transparencia del ayuntamiento. Y es que, al pedir las facturas de compra, la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría entregó los documentos, pero con un “testado parcial”. Simultáneamente, solicitó al Comité que clasificara como confidencial los datos tachados.
Durante la Vigésima Séptima Sesión del Comité: Mariel Domínguez Reyes como presidenta, Miguel Ángel Rojas como secretario Técnico y Horacio Javier Castañeda, como Vocal, celebró una sesión el 20 de noviembre pasado donde analizó la solicitud de clasificación de confidencialidad de la Dirección de Adquisiciones.
Tras una discusión donde se argumentó que se debía proteger la información de las facturas, por tener datos protegidos por el secreto fiscal, los tres votaron unánime a favor de confirmar la clasificación. El acuerdo permitió ocultar el folio fiscal, números de serie de los certificados de sello digital, cadenas originales de certificación, sellos digitales y códigos QR. De esta manera, el organismo destinado a garantizar la transparencia se convirtió en el mecanismo para blindar la información sobre la relación comercial con una empresa de dudosa trayectoria y evidentes vínculos políticos, impidiendo que la ciudadanía pudiera auditar a fondo el uso de los recursos públicos.
El acta señala que la información contenía “datos protegidos por el secreto fiscal” y que se trataba de “información que corresponde a su titular y sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria”.
El Comité determinó que “no implica negar la respuesta, al contrario, el testado es para proteger los datos personales”. Tras esto, se votó por unanimidad a favor de “confirmar la clasificación de la confidencialidad”.
VÍNCULO POLÍTICO
La proveedora es Laren Medicamentos y Productos Hospitalarios, de Puebla, que ha sido señalada como cómplice y aliada del ex gobernador Cuitláhuac García, figurando como proveedora del estado anteriormente, en medio de señalamientos por corrupción.
La empresa, cuyo RFC (LMP100720UJ3) indica su creación en 2020, no constaba en el Registro Nacional de Proveedores durante la compra, requisito básico para contratar con gobierno. Además, mantuvo un perfil de inactividad hasta 2023, cuando comenzó a facturar de manera recurrente al gobierno estatal.
LA FACHADA
El caso revela cómo el ayuntamiento usa herramientas legales de transparencia para lo contrario: blindar información sobre un proveedor cuestionable. Mientras el Comité argumentaba que protegía datos fiscales, impidió el escrutinio público sobre la relación comercial con una empresa cercana al grupo en el poder estatal anterior.
El monto de la operaciónfue de 5,079.06 pesos, queda en otro plano ante la evidencia de un procedimiento administrativo para evitar que la población conociera los detalles de una adquisición con una empresa de dudosa trayectoria y evidentes vínculos políticos.
