Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- Hace exactamente 40 años, el 13 de junio de 1986, el Ayuntamiento de Córdoba formalizó ante el notario público número 12, Rodrigo A. Linares Turrent, la compra de un predio rústico de poco más de 10 hectáreas en la congregación de San José de Tapia, en la zona conocida como Acatlancillo. El objetivo, destinarlo a basurero municipal
La operación se concretó por la cantidad de 26 millones de pesos (moneda nacional de la época) y quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 24 de febrero de 1988 bajo el número 621.
En ese entonces la vendedora fue la señora Piedad Vidal Ginés, quien había heredado el terreno. Sin embargo, lo que hace particular a esta adquisición es una cláusula que aún hoy resulta inusual: el predio fue adquirido con un subsidio especial del Gobierno del Estado, por lo que su uso quedó restringido de manera exclusiva al servicio de basurero municipal. La escritura establece que no podrá venderse, rentarse ni destinarse a otro fin; de lo contrario, la propiedad revertiría al Estado de Veracruz.
Cuatro décadas después, aquel intento por resolver el problema de los desechos en la ciudad no logró consolidarse. El terreno, que debía ser el destino final de la basura de Córdoba, hoy forma parte de los registros del Ayuntamiento como un bien más dentro de su inventario, pero sin un proyecto definido que le dé un uso concreto.
