De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Cuatro funcionarios del área de Comercio del Ayuntamiento de Orizaba contra una sola mujer indígena. Ese fue el despliegue realizado a un costado del Puente Independencia, donde la comerciante se encontraba acompañada de su hija menor de edad y terminó con el retiro de la mercancía con la que buscaba obtener ingresos. La desproporción entre la autoridad y la ciudadana es el principal cuestionamiento que surge de la denuncia recibida.
De acuerdo con el reporte ciudadano, la menor presenció la intervención de los funcionarios y terminó llorando ante la situación que enfrentaba su madre. Porque una cosa es hacer cumplir el reglamento y otra muy distinta convertir un procedimiento administrativo en una escena donde cuatro funcionarios terminan frente a una mujer acompañada de su hija. La autoridad tiene facultades, sí; pero también debería tener criterio para ejercerlas.
El señalamiento no significa defender el trabajo infantil ni pretender que se permita la venta irregular en la vía pública. Lo que se cuestiona es la manera en que Comercio decidió hacer cumplir sus disposiciones y si era realmente necesario desplegar a cuatro funcionarios para intervenir a una sola mujer. Si existía una infracción, correspondía aplicar el procedimiento establecido, no generar una situación que, según el reporte, terminó afectando emocionalmente a una menor.
El Ayuntamiento de Orizaba debería explicar qué protocolo siguieron los funcionarios, por qué participaron cuatro personas en el operativo y qué ocurrió exactamente con la mercancía retirada. También tendría que aclarar si existen lineamientos específicos cuando en este tipo de intervenciones se encuentran menores de edad. Porque gobernar no consiste solamente en sacar vendedores de las calles: también implica demostrar que la autoridad sabe distinguir entre hacer cumplir una norma y abusar de su peso institucional.
