Nayeli Ríos
El Buen Tono
CÓRDOBA.– A menos de 100 días de concluir la administración de Juan Martínez Flores, la Dirección de Tránsito Municipal y la de Protección Ciudadana y Movilidad vuelven a estar en la mira por convertir la seguridad vial en un negocio redondo.
El más reciente operativo en el bulevar Tratados de Córdoba, donde se aplicaron 12 infracciones con radar de velocidad, no es un hecho aislado: es parte de una larga lista de abusos y corrupción que marcan el fracaso del gobierno morenista.
Mientras la ciudad sufre con baches, semáforos inservibles y colonias sin señalética adecuada, la autoridad prefiere montar operativos para cazar automovilistas, como ocurrió este lunes 22 de septiembre, donde de las 12 boletas levantadas solamente una fue contra transporte urbano, el sector históricamente protegido, mientras los particulares y motociclistas fueron los más castigados.
El operativo se suma a episodios como la caseta del aeródromo en ruinas, que terminó como basurero de llantas sin que Protección Civil o Tránsito actuaran; o el tráiler circulando sobre la aeropista, denunciado por ciudadanos sin que nadie respondiera. Pero cuando se trata de multar y recaudar, ahí sí actúan con eficiencia sorprendente.
Bajo la dirección de Edgar Castro Meza y con la complicidad de Enrique Morales Tolentino, la corporación se ha convertido en un instrumento de presión y cobro, mientras Juan Martínez Flores termina su gobierno con un historial de autoritarismo, corrupción y desdén por la seguridad ciudadana.
Este patrón deja claro que para la administración saliente la vialidad es negocio, no servicio público, y que la ciudadanía ha quedado en el último lugar de sus prioridades.
