AGENCIA
El Paso, Texas.- Autoridades de Estados Unidos anunciaron cargos federales contra 13 personas, entre ellas dos mexicanos, señaladas de presuntamente participar en una red dedicada al traslado de vehículos robados desde territorio estadounidense hacia México, donde supuestamente eran entregados a organizaciones criminales.
La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas informó que los acusados enfrentan cargos por transporte interestatal de bienes robados, delito que contempla penas de hasta 10 años de prisión federal en caso de ser declarados culpables.
Las investigaciones forman parte de la denominada “Operación Southbound Takedown”, iniciada en la primavera de 2026, luego de que agentes federales detectaran un incremento en el robo de vehículos particulares y unidades de empresas de alquiler que presuntamente eran trasladados hasta El Paso para cruzarlos a México.
De acuerdo con las acusaciones, los automóviles eran utilizados para facilitar las operaciones cotidianas de diversos grupos criminales mexicanos. Hasta el momento, las autoridades han recuperado 29 vehículos, cuyo valor conjunto se estima en un millón 137 mil dólares.
Entre los acusados de nacionalidad mexicana se encuentran Pablo Frías, quien cuenta con residencia permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, quien dispone de una tarjeta de cruce fronterizo.
Los otros señalados son Kimberly Aguilar, Marty Gerardo Jr., David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher René Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales.
Según la información oficial, Kimberly Aguilar fue acusada el 25 de marzo y Marty Gerardo Jr. el 22 de julio. Los otros 11 señalados fueron detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre.
El fiscal federal Justin R. Simmons advirtió que las autoridades continuarán investigando y procesando a quienes presuntamente colaboren con estas redes, al señalar que los grupos criminales pueden recurrir al robo de vehículos para apoyar otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas.
Por su parte, agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI indicaron que la investigación involucra a autoridades federales, estatales y locales, además de participantes del sector privado, y que las indagatorias continúan para identificar y desarticular a otros posibles integrantes de la red.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso tiene alcance en distintas regiones de Estados Unidos y México. Los cargos anunciados corresponden a acusaciones penales, por lo que la responsabilidad de los señalados deberá determinarse ante los tribunales.
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