AGENCIA
Ciudad de México.- Cuatro empresas proveedoras de material electoral acumulan registros de contrataciones por al menos 482 millones 49 mil 946 pesos en nueve estados y la Ciudad de México, mientras autoridades federales investigan presuntas irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales.
Las compañías señaladas en la revisión documental son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación. Sus antecedentes de contratación aparecen en documentos oficiales de distintas autoridades electorales, aunque los montos identificados no representan el universo completo de operaciones ni constituyen, por sí mismos, prueba de actos ilícitos.
Cajas Graf concentra la mayor cantidad de registros, con 334 millones 842 mil 203 pesos en documentos correspondientes a Jalisco, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz. Entre los antecedentes identificados figuran un contrato de Jalisco por 62 millones 887 mil 782 pesos, correspondiente al proceso electoral de 2021, y un fallo de Coahuila por 12 millones 394 mil 808 pesos, en 2024.
Corporativo Zeg acumula registros por 107 millones 699 mil 922 pesos en Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Nayarit. Entre los documentos localizados se encuentra un contrato en Campeche por 37 millones 867 mil 538 pesos, así como otro en Nayarit por siete millones 998 mil 221 pesos.
Por su parte, Formas Finas y Materiales suma 33 millones 834 mil 353 pesos en registros de Oaxaca y Sinaloa, mientras que Diseño, Reconstrucción y Comunicación aparece con una adjudicación de cinco millones 673 mil 467 pesos en Campeche, realizada en 2009.
La revisión también identificó antecedentes de contratación en Hidalgo, donde Cajas Graf obtuvo la partida de material electoral para los comicios locales de 2022. Sin embargo, el importe correspondiente no fue incluido en el total debido a que su cotejo documental permanece pendiente.
Otros antecedentes relacionados con estas empresas aparecen en Durango, Aguascalientes y Sonora, aunque los montos respectivos tampoco se incorporaron a la suma publicada.
La documentación distingue entre contratos, fallos de adjudicación, facturas e importes consignados en informes oficiales que aún requieren verificación. Por ello, la cantidad de 482 millones de pesos corresponde a registros identificados y no necesariamente a pagos confirmados en todos los casos.
ASF abre investigación por presuntas irregularidades
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el INE y otros organismos electorales.
La indagatoria comprende posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, presunta colusión y movimientos de recursos cuya procedencia y destino deberán ser esclarecidos. También incluye a organismos públicos locales electorales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con las operaciones bajo revisión.
El órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios sobre posibles anomalías y que desarrollará las investigaciones con independencia, objetividad y rigor técnico, conforme a sus facultades legales.
La revisión pone bajo escrutinio el manejo de recursos destinados a la organización de procesos electorales y las relaciones comerciales entre instituciones públicas y proveedores. No obstante, corresponderá a la ASF determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades administrativas o legales procedentes.
Hasta que concluyan las investigaciones, los registros de contratación no implican por sí mismos que las empresas involucradas hayan cometido delitos.
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