El senador republicano Josh Hawley, presidente del Subcomité de Crimen y Contraterrorismo del Senado de EE.UU., ha encendido una nueva polémica tras enviar una carta formal a Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), acusándola de brindar apoyo logístico y financiero a las recientes protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles.
Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas con el paso de los días, provocando disturbios, saqueos y enfrentamientos nocturnos. Aunque la mayoría de los manifestantes denunciaban las redadas del ICE de forma no violenta, las autoridades federales consideran que la situación se ha salido de control.
📩 Exigen cesar actividades y entregar documentos
En la carta, fechada el 11 de junio, Hawley exige que CHIRLA suspenda de inmediato toda participación en la organización, financiamiento o promoción de este tipo de actividades. Además, solicita la entrega de una amplia gama de documentos, incluyendo:
- Correos electrónicos, mensajes y chats internos
- Registros financieros ligados a las protestas
- Contratos con proveedores logísticos y de seguridad
- Solicitudes de fondos y subvenciones
- Información sobre viajes y alojamiento de manifestantes
- Estrategias de medios y listas de donantes
⚠️ Posible acción penal en el horizonte
Hawley advierte que, de no cooperar, el subcomité podría remitir el caso a las autoridades penales. Esta movida intensifica el clima de tensión entre sectores conservadores del Senado y las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
Por su parte, el presidente Donald Trump no tardó en reaccionar, calificando las movilizaciones como “una invasión de un enemigo extranjero”, reforzando así su discurso de línea dura en materia migratoria.
🧭 ¿Derecho a protestar o delito federal?
La controversia plantea un delicado debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la posible criminalización de los movimientos sociales. Mientras activistas defienden su lucha como una respuesta necesaria ante lo que consideran políticas injustas y opresivas, autoridades federales insisten en que la ley debe prevalecer ante cualquier amenaza al orden público.
