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Adán Augusto López, en el centro de una red de omisión y posibles vínculos con el CO

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AGENCIA

Nacional.- En México ya no basta con proclamar una lucha contra el crimen organizado. Hoy, la exigencia social es demostrar, con hechos, que las autoridades no son parte de ese entramado delictivo. Y en este contexto, el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encuentra cada vez más en el ojo del huracán.

Lo que inició como una polémica por el nombramiento de un funcionario estatal, ha derivado en una serie de revelaciones que apuntan a una presunta red de complicidad, encubrimiento y omisiones graves que involucran al exmandatario tabasqueño. Durante su administración en Tabasco, López Hernández colocó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por delincuencia organizada y ficha roja de la Interpol.

De acuerdo con informes filtrados de inteligencia militar, Bermúdez Requena encabezaba el grupo criminal conocido como “La Barredora”, con nexos directos con cárteles dedicados al robo de combustible (huachicol), extorsión, desapariciones y otros delitos de alto impacto. Todo esto ocurrió mientras ocupaba el cargo de secretario de Seguridad, bajo el mando del entonces gobernador Adán Augusto, quien habría ignorado deliberadamente los reportes que alertaban sobre estas operaciones.

La reciente detención de un sujeto apodado “El Pinto”, señalado como el segundo al mando de “La Barredora”, confirma la existencia de una estructura delictiva respaldada -o al menos tolerada- por instituciones estatales durante ese periodo.

A pesar de la gravedad del caso, Adán Augusto López no ha sido investigado ni citado por autoridad alguna. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que no existe una carpeta de investigación en su contra, como si eso bastara para despejar las crecientes sospechas. López, incluso, mantiene su posición como senador y operador político de Morena.

Analistas y voces críticas advierten que este caso representa una advertencia nacional sobre los riesgos de blindar políticamente a figuras cuestionables. Si el exgobernador realmente no tiene nada que ocultar, el Estado debe actuar con firmeza: investigar, revisar los informes de inteligencia, identificar responsabilidades y actuar en consecuencia.

Mientras tanto, los efectos del crimen organizado continúan cobrando vidas. En Álamo, Veracruz, Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista en sus ratos libres, fue secuestrada por un grupo criminal. La obligaron a grabar un video en el que amenazaba a otros trabajadores del volante para que pagaran extorsiones. Días después fue hallada sin vida.

El caso de Irma ilustra el horror que enfrentan los ciudadanos que se niegan a colaborar con el crimen organizado, así como la ausencia del Estado para protegerlos.

Es momento de enfrentar al crimen con hechos, no con discursos. Porque el silencio, también es complicidad.

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