Redacción
El Buen Tono
Puerto Vallarta, Jal.- El caso de Juan Ramírez López, conocido en redes sociales como “Don Juan”, ha causado una fuerte conmoción en todo el país luego de que el adulto mayor, de 87 años, denunciara haber sido presuntamente despojado de la casa que construyó durante más de cinco décadas.
De acuerdo con el testimonio del afectado, el conflicto comenzó cuando solicitó apoyo a su hija y a su yerno para resolver una deuda cercana a los 400 mil pesos. Según explicó, posteriormente le pidieron firmar diversos documentos que, asegura, nunca pudo revisar ni comprender plenamente, por lo que con el tiempo descubrió que la propiedad había quedado a nombre de su nieta.
El pasado 15 de julio, el desalojo del adulto mayor fue difundido en redes sociales mediante un video que rápidamente se volvió viral, provocando una ola de indignación y muestras de apoyo por parte de ciudadanos de Puerto Vallarta y de distintas partes del país. En las imágenes, Don Juan expresa entre lágrimas el dolor de abandonar la vivienda que edificó junto con su esposa.
La repercusión del caso motivó una movilización ciudadana para exigir justicia y llevó al diputado federal Bruno Blancas Mercado a recibir una propuesta denominada “Ley Don Juan”, iniciativa que busca fortalecer la protección del patrimonio de los adultos mayores y evitar que puedan perder sus bienes mediante presuntos engaños o abusos.
Tras la viralización del caso, la nieta del adulto mayor, la doctora Ihara Rodríguez, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y actos de intimidación, entre ellos la colocación de una corona fúnebre con su nombre en el exterior de su domicilio. En un video difundido en redes sociales aseguró temer por su seguridad y pidió que el conflicto se resuelva por la vía legal.
Asimismo, la profesionista presentó su versión de los hechos, en la que afirmó que el proceso para la transferencia del inmueble se realizó conforme a procedimientos notariales y legales, derivado de problemas económicos que enfrentaba su abuelo. Sostuvo que el litigio tiene varios años de antigüedad y rechazó las acusaciones en su contra.
El caso continúa generando debate sobre la protección jurídica de los adultos mayores, el respeto al debido proceso y los riesgos de emitir juicios anticipados en redes sociales, mientras serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
