Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, denunció graves irregularidades en la aplicación de los exámenes médicos que deben realizar los operadores para obtener o renovar su licencia federal.
El líder transportista señaló que, aunque el costo oficial del acto médico es de alrededor de mil 700 pesos, la intervención de intermediarios conocidos como “coyotes” ha elevado el precio hasta 30 mil o incluso 40 mil pesos.
Uno de los principales problemas, explicó, es la demora para acceder a las citas, y en el momento de una licencia vence, el operador no puede agendar el examen médico hasta que el plazo haya expirado, y a partir de ahí le otorgan citas con dos, tres o hasta cuatro meses de espera. “Y esos tres, cuatro meses, ¿quién me va a mantener? Yo lo necesito para seguir trabajando, porque ninguna empresa se va a arriesgar a darme trabajo si no tengo mi licencia vigente”, lamentó.
El dirigente de la ANTAC cuestionó el actuar de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por ser la instancia encargada de determinar si un operador es apto o no para conducir.
Advirtió que, durante estas evaluaciones, se han reportado casos en los que un médico dictamina que un conductor no puede manejar por cuestiones como sobrepeso, violentando con ello el artículo quinto de la Constitución.
El líder transportista propuso que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la institución encargada de determinar la aptitud de los operadores, ya que, si el Seguro Social dictamina que una persona ya no es apta para trabajar, tiene la obligación de pensionarla. “El IMSS es el responsable de hacerme mi acto médico, y él es el responsable de determinar si puedo o no puedo seguir trabajando, porque si me dice no puedes seguir manejando porque ya no ves, porque estás muy gordito, pues a ver, pensióname”, enfatizó.
Asimismo hizo un llamado a los operadores a mantenerse unidos y no permanecer callados ante estas prácticas, y anunció que su organización revisará la legislación para determinar si la Dirección de Medicina Preventiva tiene la capacidad jurídica para inhabilitar a los conductores.
“Vamos a revisar la legislación, vamos a revisar perfectamente bien esto, y en dado caso, que sea un organismo descentralizado que no esté legal, que no tenga la capacidad jurídica de inhabilitar a las personas, vamos a pedir que se desaparezca”, finalizó.
