De la redacción

El Buen Tono

El exvicepresidente de Bolivia confirmó que se encuentra en territorio mexicano bajo esta condición, mientras enfrenta una investigación relacionada con un operativo policial ocurrido en 2009, durante el gobierno de Evo Morales, que dejó tres extranjeros muertos.

El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó este jueves que se encuentra en México bajo la condición de asilo político, en medio de una investigación judicial que también involucra al expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en un operativo policial realizado en abril de 2009, en un hotel de Santa Cruz, donde murieron tres extranjeros y otras dos personas fueron detenidas.

“Estoy en México y tengo asilo político en México”, declaró García Linera al responder a una consulta desde La Paz, sin ofrecer mayores detalles sobre su situación.

Esta es la segunda ocasión en que el exvicepresidente boliviano recibe asilo en territorio mexicano. La primera ocurrió el 12 de noviembre de 2019, cuando llegó al país junto con Evo Morales, luego de que ambos renunciaran a sus cargos en medio de la crisis política desatada por las controvertidas elecciones generales de ese año.

La situación judicial de García Linera se relaciona con una acusación presentada en octubre pasado por la fuerza opositora Libre ante la Fiscalía boliviana, mediante la cual busca promover un juicio de responsabilidades contra él y Morales por presuntas ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas en el denominado caso terrorismo.

La investigación avanzó después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia autorizara la actuación de la Fiscalía la semana pasada.

Los hechos se remontan a abril de 2009, cuando una operación policial en un hotel de la ciudad de Santa Cruz terminó con la muerte de tres extranjeros, entre ellos el ciudadano irlandés Michael Dwyer. Durante el mismo operativo fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

En aquel momento, el gobierno de Evo Morales señaló a los involucrados como integrantes de una presunta célula terrorista que supuestamente pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces presidente. Sin embargo, los procesados rechazaron las acusaciones y denunciaron que el procedimiento tenía motivaciones políticas.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado. Después de cumplir sus sentencias, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales.

El caso fue cerrado en 2020, luego de que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez levantara los cargos contra los acusados.

Posteriormente, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado boliviano era responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial de 39 personas afectadas por el proceso.

La confirmación del asilo político de García Linera ocurre mientras las autoridades bolivianas mantienen abierta la investigación para determinar las posibles responsabilidades de quienes participaron en los acontecimientos de 2009.