Agencias
México.- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario López Hernández, exalcalde de Matamoros (2018-2024), lanzó acusaciones de alto impacto al señalar que figuras clave de Morena en Tamaulipas, incluido el gobernador Américo Villarreal y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, estarían vinculadas al “huachicol” desde 2020. Sin embargo, sus dichos, realizados en entrevista con Latinus.
El legislador aseguró que fue invitado a integrarse a un grupo político que buscaba mantener el control de la gubernatura por al menos dos sexenios, pero afirmó que rechazó la propuesta. “Tuve hue… para decirles que no”, sostuvo, al tiempo que mencionó a diversos actores políticos, entre ellos Adriana Lozano, Héctor Joel Villegas González, Erasmo González, Carmen Lilia Cantú Rosas, Eduardo Gattás y la senadora Olga Sosa. Según su versión, este grupo estaría ligado al robo de combustible.
No obstante, conforme avanzó la entrevista, el propio López Hernández incurrió en contradicciones. Tras asegurar que existían nexos con el “huachicol”, matizó sus declaraciones al reconocer que a él no le plantearon actividades ilícitas, sino únicamente sumarse a un proyecto político. “Yo no sabía nada de eso… a mí me invitan para formar parte del grupo”, afirmó, debilitando así la contundencia de sus acusaciones iniciales.
El diputado también reveló que le ofrecieron ser candidato a la gubernatura de Morena en 2022, propuesta que rechazó al considerar que el proyecto ya estaba definido en favor de Américo Villarreal. Aseguró además que su patrimonio es producto de su trabajo y negó cualquier vínculo con actividades ilegales: “Yo no soy huachicolero”, insistió.
En medio de la polémica, López Hernández enfrenta cuestionamientos por el retiro de su visa estadounidense, tras ser retenido en una garita. Asimismo, reconoció ser propietario de un predio de cuatro hectáreas en Brownsville, Texas, el cual no ha podido visitar desde septiembre pasado. Aunque atribuyó esta situación a “burocracia” en Estados Unidos, el contexto añade dudas sobre su entorno personal y político.
Hasta el momento, ninguno de los señalados ha respondido públicamente a las acusaciones, ni existen investigaciones oficiales abiertas derivadas de estos dichos. En un estado históricamente golpeado por el crimen organizado y el robo de combustible, las declaraciones sin sustento no solo generan ruido político, sino que exhiben fracturas internas dentro de Morena y dejan más dudas que certezas.
Más que una denuncia formal, lo expuesto por el legislador parece formar parte de una disputa política interna, donde los señalamientos graves se lanzan sin pruebas, alimentando la desconfianza ciudadana y evidenciando la fragilidad del discurso anticorrupción dentro del propio oficialismo.
