AGENCIA
Internacional.- El uso de grilletes, castigos equivalentes a tortura, hacinamiento extremo y posibles desapariciones forzadas forman parte de las violaciones a derechos humanos que enfrentan diariamente las personas migrantes detenidas en centros de Florida, Estados Unidos, como Krome y Alligator Alcatraz, de acuerdo con una investigación de Amnistía Internacional.
Mary Kapron, investigadora de la organización, explicó que Amnistía Internacional solicitó acceso a ambos centros para evaluar las condiciones de detención. Sin embargo, la administración estadounidense negó el ingreso a Alligator Alcatraz y en Krome únicamente permitió una visita programada y entrevistas con cuatro personas que estuvieron privadas de la libertad en ese lugar.
Según la investigadora, en Krome se documentaron niveles graves de hacinamiento. Aunque la legislación establece que las personas migrantes solo pueden permanecer hasta siete días en estos centros, Amnistía Internacional identificó casos en los que la detención se prolongó por más de un mes.
El informe se da a conocer en un contexto de endurecimiento de la política migratoria. En menos de 250 días del segundo mandato de Donald Trump, más de 2 millones de personas migrantes fueron deportadas de Estados Unidos, mientras que el número de personas recluidas en centros de detención migratoria alcanzó su máximo histórico durante los primeros diez meses de esta administración.
Las detenciones se realizan, principalmente, mediante redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras las cuales las personas permanecen privadas de la libertad hasta que se resuelve su proceso en la corte migratoria o son deportadas.
Amnistía Internacional advirtió sobre prácticas que podrían constituir desapariciones forzadas. Testimonios recabados en Krome describen condiciones extremas: personas encerradas en jaulas de aproximadamente mil pies cuadrados, con hasta 32 detenidos en cada una, dentro de carpas que albergan múltiples celdas improvisadas.
Krome opera desde 1982, mientras que Alligator Alcatraz inició actividades en julio de 2025 tras su construcción acelerada en un antiguo aeropuerto militar de los Everglades, como respuesta al incremento de detenciones derivado de las políticas antimigratorias.
El informe documenta alimentación insuficiente y de mala calidad, falta de acceso a atención médica y castigos considerados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, como el uso de grilletes fuera de las celdas y el confinamiento en “la caja”, una jaula de aproximadamente 60 por 60 centímetros. En algunos casos, la organización considera que las detenciones cumplen con los elementos de una desaparición forzada.
La Organización de las Naciones Unidas define la desaparición forzada como la privación de la libertad por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer la detención o a informar sobre el paradero de la persona, dejándola fuera de la protección legal y expuesta a violaciones graves como la tortura. Kapron explicó que los retrasos de hasta dos semanas en la actualización de bases de datos oficiales generan un vacío de información sobre el paradero de las personas detenidas, lo que las coloca en una situación similar a la desaparición forzada.
Human Rights Watch también ha documentado abusos en centros de detención migratoria, incluidos traslados forzados, presiones para aceptar “salidas voluntarias”, detenciones basadas en criterios raciales o étnicos y tratos degradantes como esposamientos prolongados, privación de alimentos, agua y comunicación con familiares o abogados.
Especialistas advierten que estas violaciones se ven alimentadas por un discurso antimigrante que normaliza la violencia institucional. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, señaló que se ha legitimado la falta de información sobre personas detenidas y el uso excesivo de la fuerza, lo que genera dinámicas de discriminación, racismo y xenofobia dentro y fuera de los centros de detención.
Estados Unidos es parte de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que establecen garantías mínimas para las personas migrantes detenidas. Sin embargo, especialistas sostienen que estas obligaciones no se están cumpliendo, particularmente en casos de detenciones arbitrarias, prolongadas y expulsiones aceleradas que violan el principio de no devolución.
A este panorama se suman reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes fronterizos, separaciones familiares y criminalización sistemática de la migración, medidas que afectan la integridad y dignidad de miles de personas que buscan protección y mejores condiciones de vida.
Ante este escenario, México enfrenta el reto de redefinir su papel frente a la crisis migratoria. Expertos señalan que, aunque se han fortalecido algunas labores consulares, el presupuesto para atención y protección consular se redujo casi 10 por ciento respecto al año anterior, lo que limita la capacidad de respuesta frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos de personas mexicanas detenidas en Estados Unidos.
Aunque el gobierno mexicano ha reconocido la existencia de quejas formales por abusos, especialistas coinciden en que persisten desafíos estructurales para garantizar la protección efectiva de las personas migrantes, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos y el endurecimiento de sus políticas migratorias.
