

Puebla, Pue.— En una controvertida decisión que ha despertado críticas por su rapidez y posible uso político, el Congreso del Estado de Puebla aprobó y publicó este viernes en edición vespertina del Periódico Oficial la llamada Ley contra el Ciberasedio, misma que entrará en vigor este sábado 14 de junio y que contempla penas de cárcel y multas para quien, a juicio de las autoridades, insulte u ofenda a otros en redes sociales u otros medios digitales.
La iniciativa, impulsada por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, cuando aún era diputado en noviembre de 2024, tomó impulso en días recientes luego de que la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, fuera blanco de críticas en redes sociales. Aunque en su momento fue ignorada, esta semana fue retomada y aprobada en un proceso calificado como exprés.
El martes pasado, la diputada de Morena Laura Artemisa García Chávez confirmó que la ley sería discutida durante la semana. Al día siguiente, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló el dictamen, y este jueves fue aprobado en el pleno del Congreso con el voto mayoritario de Morena y sus aliados.
Entre los artículos más polémicos se encuentra el Artículo 480, que tipifica como delito el “ciberasedio”, definido como insultar, injuriar, ofender o vejar a otra persona mediante redes sociales o medios digitales, con la persistencia suficiente para causar un daño físico o emocional. Las penas establecidas van de 11 meses a 3 años de prisión, además de multas de hasta 300 días de salario mínimo.
Otros delitos incorporados en la nueva legislación son:
- Espionaje digital (Art. 479): sanciona con cárcel a quien acceda sin permiso a sistemas informáticos para obtener información personal.
- Usurpación de identidad (Art. 258 Ter): castiga la apropiación indebida de datos personales con fines de lucro o daño.
- Ciberacoso sexual a menores (Art. 278 Decies): establece penas de 15 meses a 5 años de prisión y multas para quien busque establecer vínculos emocionales con fines sexuales usando medios digitales.
La aprobación y publicación de esta ley ha generado preocupación entre organizaciones civiles, activistas y periodistas, quienes advierten sobre el peligro de criminalizar la libertad de expresión bajo criterios subjetivos, especialmente en contextos de crítica a figuras públicas.
