AGENCIA
Puebla, Puebla.- La polémica por las condiciones laborales de artesanas de Naupan que participaron en la elaboración del jersey conmemorativo de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 volvió a exhibir una realidad incómoda en México: grandes empresas lucrando con el trabajo artesanal mientras las comunidades reciben pagos mínimos, sin prestaciones y bajo condiciones precarias.
Tras el escándalo, el Gobierno de Puebla anunció que busca proteger el trabajo textil y artesanal mediante declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial, con el objetivo de evitar abusos, plagios y apropiación cultural por parte de compañías privadas.
El secretario de Cultura estatal, Fritz Glockner, reconoció que la dependencia no tiene facultades legales para sancionar directamente a las empresas involucradas, pero aseguró que estas declaratorias podrían servir como un mecanismo de protección colectiva para las comunidades artesanales.
“No podemos sancionar a nadie que intente aprovechar y modificar el valor de uso en valor de cambio, pero creo que las denominaciones de patrimonio inmaterial sí darán un resguardo colectivo”, declaró el funcionario.
La controversia se originó tras revelarse las condiciones en las que más de 150 artesanas de Naupan trabajaron para la empresa mexicana Someone Somewhere, firma fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey y vinculada a la producción de prendas comercializadas por Adidas para el Mundial de 2026.
Mientras las prendas alcanzan precios de hasta 5 mil pesos en el mercado, las artesanas recibían pagos de apenas entre 25 y 36 pesos por hora.
Las trabajadoras también debían registrar horarios mediante checador, contaban únicamente con una hora de comida y carecían de prestaciones laborales básicas como seguridad social.
La indignación creció aún más cuando se dio a conocer que las bordadoras, utilizadas como imagen de la campaña publicitaria de la marca, cedieron sus derechos de imagen sin recibir compensación adicional.
Además, la propia empresa reconoció que no afilió a las artesanas al IMSS, justificando la omisión bajo el argumento de que en la zona existe cobertura del programa IMSS-Bienestar.
El caso desató fuertes críticas contra compañías que construyen campañas de “comercio justo”, “orgullo mexicano” y “apoyo comunitario”, mientras detrás de la publicidad persisten condiciones laborales cuestionadas y enormes desigualdades económicas.
Para especialistas y defensores culturales, el problema va más allá de un solo caso y refleja un patrón constante donde empresas convierten el trabajo artesanal en productos exclusivos y de lujo, mientras las creadoras originales apenas reciben ingresos mínimos por jornadas extensas.
La estrategia anunciada por el Gobierno de Puebla busca ahora establecer mecanismos legales y culturales para proteger los diseños, bordados y expresiones textiles de las comunidades indígenas y artesanales.
Sin embargo, el debate continúa abierto: Mientras las marcas obtienen ganancias millonarias y prestigio internacional utilizando identidad cultural mexicana, miles de artesanas siguen enfrentando salarios bajos, falta de seguridad social y ausencia de garantías laborales.
El bordado mexicano volvió a conquistar vitrinas internacionales, pero detrás de cada prenda también quedó expuesta la desigualdad con la que muchas empresas continúan explotando el talento artesanal del país.
