AGENCIA
Ciudad de México.- La organización internacional Artículo 19 alertó que los recientes cambios legislativos en materia de seguridad, telecomunicaciones y funciones de la Guardia Nacional están configurando un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos humanos en México.
En un comunicado, la organización defensora de la libertad de expresión señaló que las nuevas facultades otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional permiten el acceso casi irrestricto a información personal de los usuarios de telefonía, sin que existan controles efectivos que salvaguarden la privacidad de las personas.
“La Ley de Inteligencia establece que el CNI podría acceder sin restricciones a bases de datos, mientras que la Ley de la Guardia Nacional permite que los militares accedan a datos personales sin mecanismos de supervisión”, denunció Artículo 19.
Aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla control judicial para intervenir comunicaciones privadas, la organización advierte que no se exige el mismo estándar para la geolocalización en tiempo real ni para el acceso a historiales de ubicación de los usuarios, lo cual deja abierta la puerta a posibles actos de vigilancia arbitraria por parte de funcionarios públicos.
Las reformas fueron aprobadas en un periodo extraordinario de diez días por el Congreso de la Unión, en medio de críticas de la Oposición que acusó a Morena y sus aliados de imponer la creación de un “Estado espía” disfrazado de seguridad nacional.
Artículo 19 también expresó preocupación por la inclusión obligatoria de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para la contratación de líneas telefónicas móviles y el comercio electrónico, medida que —junto con la imposición de la CURP biométrica para acceder a servicios públicos y privados— pone en riesgo extremo los datos personales de la población.
“La creación de una Plataforma Única de Identidad con consultas en tiempo real y la interconexión entre bases de datos públicas y privadas, como lo ordena la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, permitirá a las autoridades acceder irrestrictamente a la información de cada persona, incluso para fines no compatibles con los principios democráticos”, advirtió la organización.
Artículo 19 reiteró que estas disposiciones vulneran derechos fundamentales y podrían facilitar abusos de poder, discriminación y vigilancia sin transparencia ni rendición de cuentas.
