AGENCIA
Ciudad de México. — Este lunes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el primero de tres paquetes de revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La revisión preliminar anticipa un aumento en los recursos públicos sin justificar, luego de que durante los primeros cinco años del actual gobierno no se logró comprobar el uso de más de 33 mil millones de pesos, y persiste un saldo pendiente por aclarar o devolver de otros 24 mil millones de pesos, según datos oficiales.
De acuerdo con información del Sistema Público de Auditorías de la ASF, hasta el viernes pasado existían 994 expedientes de auditoría correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 a 2023, que involucran 33 mil 144 millones de pesos en presunto daño al erario, ya canalizados a la Dirección General de Investigación para posibles sanciones o archivo.
Asimismo, se mantienen mil 121 expedientes abiertos en fase de seguimiento, por un total de 24 mil 818 millones de pesos, lo que podría aumentar el monto definitivo de recursos no comprobados al cierre del sexenio.
Principales dependencias señaladas
Entre los organismos con mayores montos observados destaca Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada durante este sexenio, con 6 mil 654 millones de pesos no solventados, equivalente al 20% del total. Le siguen la Secretaría del Bienestar, con 3 mil 994 millones de pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 3 mil 767 millones de pesos sin justificar.
Por su parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del megaproyecto del Tren Maya, lidera la lista de dependencias con recursos que aún pueden ser devueltos o aclarados, con un monto de 3 mil 140 millones de pesos. Segalmex y Pemex Exploración y Producción también figuran con pendientes superiores a los 2 mil millones de pesos.
Nuevas auditorías a nivel nacional
El programa de fiscalización para el ejercicio 2024 contempla 2 mil 199 auditorías, de las cuales mil 761 se enfocarán en el gasto federalizado en estados y municipios. Este primer paquete entregado al Congreso incluye mayoritariamente observaciones en ese sector.
Además, se contempla la revisión forense de 28 auditorías con posibles indicios de corrupción, entre las que destacan instituciones como el extinto INAI, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y universidades públicas estatales.
Las siguientes dos entregas de auditorías se realizarán en octubre de 2025 y febrero de 2026, incluyendo los informes relacionados con el sector público federal.
