De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- En pocas semanas, miles de estudiantes cordobeses regresarán a las aulas con un tormento que Juan Tress Zilli impuso hace años: pagar 12 pesos de pasaje, sin descuento, sin tarifa preferencial, sin derecho.
La tarifa oficial autorizada por la Dirección General de Transporte del Estado es de 9 pesos. Las líneas de Tress Zilli cobran 12, un incremento del 33 por ciento que no tiene ningún aval legal. Y no sólo eso: eliminaron los descuentos para estudiantes y adultos mayores. Mientras el resto de las líneas respetan la tarifa de 9 pesos y cobran 8 a estudiantes y adultos mayores, los camiones de Tress Zilli cobran tarifa general a todos.
Y es que el menos la mitad de la población de Córdoba usa el transporte público a diario. Para los estudiantes de todos los niveles, es una necesidad, no un lujo.
Una familia con dos estudiantes que tomen dos camiones al día, ida y vuelta, desembolsa 96 pesos diarios. En un mes de clases: casi 2 mil pesos. Si se considera un solo viaje diario por estudiante, el gasto supera los mil pesos mensuales. Eso es dinero que no va a útiles, no va a uniformes, no va a comida.
Ya se escucha el argumento: “los chavos se lo gastan en cervezas” o “el gobierno les da su beca”. Falso. La beca universal Benito Juárez son 2,800 pesos bimestrales, 1,400 al mes. Dos estudiantes en una familia reciben 2,800 pesos mensuales entre ambos. Si cada uno gasta 500 pesos en pasajes, se va más de un tercio de la beca. No sobra para cervezas. Eso, cuando la beca llega.
Juan Tress Zilli es dueño de la línea de autobuses “8 de Marzo”, la más grande de Córdoba. También es diputado local por Morena y presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de Veracruz. Es juez y parte. Regula el negocio del que vive.
Antes de ser diputado, ya cobraba de más. Ya eliminaba descuentos. Ya aplastaba derechos. La curul sólo le dio impunidad. Desde allí, blindó sus intereses económicos mientras la gente calla por necesidad.
Cuando se le cuestiona, se lava las manos: dice que el aumento es “tema del Ejecutivo” y que él “no puede opinar”. Pero como presidente de la Comisión de Transporte tiene la facultad de regular exactamente lo que su empresa cobra. No opina porque no le conviene.
