Agencias
Ayutla, Guerrero.- La carretera rural que conecta El Cortijo con El Rincón se convirtió en escenario de una masacre el pasado 16 de agosto, cuando seis vehículos de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron emboscados por al menos 40 hombres armados con fusiles de asalto, presuntamente integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”.
El ataque dejó 13 policías comunitarios muertos —ocho en el lugar y cinco más en hospitales—, además de siete heridos graves. Los sobrevivientes exigen justicia, reparación a las familias de las víctimas y autorización oficial para portar armamento de mayor calibre, pues aseguran que enfrentan a grupos criminales con armas mucho más poderosas.
“Nosotros traíamos escopetas, mientras ellos usaban AK-47 y R-15. No podemos defendernos con lo poco que tenemos”, señaló un comisario de El Cortijo, visiblemente afectado por la tragedia.
Durante el enfrentamiento, los comunitarios repelieron la agresión, lo que obligó a los atacantes a huir. Sin embargo, en la zona fueron hallados casquillos de grueso calibre y una sudadera negra con una ardilla bordada, considerada la primera insignia identificada públicamente de Los Ardillos, organización que, de acuerdo con autoridades, controla al menos 10 municipios en la región Centro y Montaña de Guerrero.
La masacre no fue un hecho aislado. Vecinos denunciaron que, semanas antes, hombres armados ya habían atacado viviendas de la comunidad. Además, apenas el 18 de agosto se reportó otra balacera en El Cortijo, cuna de ocho de los policías asesinados.
De forma paralela, el jueves 21 de agosto fue localizado un vehículo calcinado en la comunidad El Refugio de Apantla, con cuatro cuerpos en su interior, lo que ha intensificado la alarma en la región.
Cinco días después de la emboscada, las investigaciones ministeriales apenas comienzan. Pobladores demandan la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Guerrero, para detener a los responsables y apoyar a las familias de las víctimas.
“Fue una masacre. Queremos justicia y seguridad. ¿Qué vamos a hacer con un rifle calibre .22 contra hombres que traen armas de guerra? Si el gobierno no nos apoya, no nos quedará de otra”, advirtieron líderes comunitarios.
