Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- El ayuntamiento de Córdoba se encuentra entre las 55 entidades demandadas por incumplir el pago de laudos laborales, revela el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz.
La administración del alcalde Juan Martínez Flores en Córdoba es un claro ejemplo de contradicción entre el discurso de austeridad y las prácticas de gasto opaco. Mientras el ayuntamiento de Córdoba acumula deudas laborales, alcalde y ediles se reparten aguinaldos millonarios en su despedida.
Recientes documentos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz confirman que el municipio se encuentra entre los 55 ayuntamientos demandados por incumplir el pago de laudos laborales, con un total de 483 expedientes pendientes a nivel estatal en lo que va del 2025. Esta situación contrasta brutalmente con los jugosos beneficios económicos que la plana mayor del gobierno municipal se ha asignado rumbo al cierre de su gestión.
Mientras mil 499 empleados sindicalizados reciben un adelanto de 30 días de aguinaldo, el alcalde Juan Martínez Flores, los 12 ediles y un grupo selecto de directores han decidido otorgarse el pago íntegro de 60 días, además de un proyectado “bono de marcha” que oscilaría entre medio millón y un millón de pesos por persona. El propio Martínez Flores percibirá un aguinaldo de 224 mil 294.39 pesos, su secretaria particular y pareja sentimental, Aydee Pérez Cortés, recibirá 112 mil 033.61 pesos, y el contralor Lauro Ramos Olmos, 140 mil 469.47 pesos, cifras que los posicionan como los funcionarios municipales mejor pagados de Veracruz.
Esta distribución de bonos millonarios ocurre en el mismo momento en que el ayuntamiento enfrenta una crisis laboral profunda. De acuerdo con información oficial obtenida en julio pasado, la administración de Martínez Flores ha gastado ya cerca de 10 millones de pesos en el pago de laudos laborales, enfrenta 48 demandas activas y tiene 66 laudos pendientes por cumplir, sin contar con los casi mil despidos ejecutados durante el trienio, muchos de ellos con indemnizaciones irrisorias que no superaban los mil 500 pesos.
