DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Orizaba.- Mientras el Ayuntamiento de Orizaba presume acciones de reforestación y promueve el cuidado del medio ambiente, en la Avenida Álvaro Obregón permitió que una motosierra acabara con un árbol de más de 139 años de antigüedad, bajo el argumento de que estorbaba a una obra de construcción. La decisión no solamente desató indignación ciudadana, sino que abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y del propio reglamento municipal que obliga a proteger el arbolado urbano.
La contradicción resulta evidente: por un lado, se impulsa la plantación de nuevos ejemplares y se habla de sostenibilidad; por otro, se elimina un árbol que durante más de un siglo proporcionó sombra, regulación térmica, captura de carbono y refugio para distintas especies. ¿De qué sirve plantar árboles si se permite destruir los que ya forman parte del patrimonio ambiental de la ciudad? Más allá de la justificación de que el ejemplar representaba un obstáculo para una construcción, las autoridades municipales están obligadas a demostrar que el procedimiento se realizó conforme a derecho. La expedición de un permiso no representa un cheque en blanco para derribar arbolado, particularmente cuando se trata de ejemplares de gran antigüedad y valor ambiental.
La Ley 697 de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado de Veracruz establece, en su artículo 25, que el derribo solamente procede cuando no es posible realizar un trasplante y existe alguna de las condiciones previstas en la legislación, como riesgo civil no solucionable mediante otras medidas, obstrucción de vialidades o accesos, muerte del ejemplar o enfermedades incontrolables. A ello se suma que el Reglamento de Ecología de Orizaba establece como objetivo la protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico. Por tanto, la autoridad municipal debe explicar qué dictamen técnico sustentó la eliminación del árbol, qué alternativas se evaluaron y qué medidas de restitución se determinaron.
El cuestionamiento también alcanza los compromisos de sostenibilidad establecidos en la Agenda 2030, particularmente los objetivos 11, de ciudades y comunidades sostenibles; 13, de acción por el clima, y 15, de protección de los ecosistemas terrestres. Resulta contradictorio hablar de una ciudad sostenible cuando las decisiones urbanísticas terminan sacrificando su patrimonio natural.
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